Hoy, 1 de abril, la Federación Sindical Mundial (FSM), internacional sindical en la que se encuadra LAB, ha convocado un «Día internacional de lucha por los derechos de las trabajadoras y trabajadores y contra la explotación». Miles de personas nos movilizaremos en los cinco continentes exigiendo que en el actual contexto de crisis del sistema capitalista no sea la clase trabajadora la que pague los desmanes de los altos ejecutivos y de los oligarcas de turno, a costa de nuevos retrocesos en las condiciones laborales.

Desde que el segundo semestre del pasado año la crisis capitalista explotase, su dimensión ha ido creciendo y millones de trabajadores y trabajadoras la sufren en carne propia. Los expedientes de regulación de empleo, en muchos casos de empresas que ni siquiera tienen pérdidas, son tal vez la cara más visible de esta realidad, pero sin olvidarnos de los despidos de las y los trabajadores temporales, ni de la destrucción de empleo. Hay que subrayar que, en muchos casos, están aprovechando la situación para recurrir al chantaje puro y duro, a fin de conseguir alterar condiciones laborales recogidas en convenios vigentes, lo que se traduce en aumentos de jornada, flexibilización de la misma, o la congelación de los salarios.

Estamos ante una crisis financiera y de producción que paulatinamente se ha ido trasladando en cadena a todos los segmentos de la sociedad. El llamado «capitalismo de casino» se ha estado basando durante años en una economía virtual, en la especulación de valores bursátiles y del suelo, en el endeudamiento sin límite de las economías familiares, y ha demostrado ser un gigante con pies de barro. No obstante, cuando el gigante se ha derrumbado los diferentes gobiernos, tanto de la Unión Europea como el de EEUU, entre otros, han corrido a auxiliarlo.

La actual crisis capitalista ha demostrado que se puede ser un ladrón de guante blanco sin miedo a tener que pagar por ello. En general, los altos ejecutivos y gerentes, responsables directos de la desviación y saqueo de miles de millones, no han tenido que acudir a los juzgados, en su contra no se han abierto causas penales, las riquezas que han conseguido gracias a sus malas prácticas no han sido expropiadas, salvo alguna excepción que sólo confirma lo que ha sido regla general. Es más, en muchos casos se han visto recompensados con primas millonarias. AIG es sólo la punta del iceberg. Por desgracia, el «capitalismo de casino» sigue dando mucho juego a los de siempre.

Así, el dinero público que durante decenas de años no ha existido para ayudar a la clase trabajadora a acceder a una vivienda digna, para garantizar una enseñanza y una sanidad pública universal, unos servicios sociales de calidad o para abonar prestaciones dignas para poder vivir, se está utilizando en cantidades ingentes para socorrer a las entidades financieras, las compañías aseguradoras y a las grandes transnacionales responsables de este fiasco económico.

En el otro lado, fuera del casino, están los 1.300 millones de trabajadores y trabajadoras (más de 43% del total) que ganan menos de 2 dólares diarios en el mundo, más de 195 millones de personas desempleadas en el planeta, las decenas de millones que se ven obligadas a trabajar en condiciones penosas y peligrosas para su salud, los 200 millones de niños y niñas sometidos a explotación laboral, los cientos de millones de mujeres que no ven reconocidas las labores que desempeñan y, en definitiva, más de la mitad de la humanidad que carece de cualquier tipo de protección social.

La situación en cada continente tiene sus especificidades. Si bien es verdad que los casos de explotación más evidentes se dan en general en continentes como Asia, África o América, porque la clase trabajadora de dichos continentes es la que de forma más cruda padece los efectos nocivos de las políticas ultraliberales impuestas por organismos como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás explotadores de corbata y cuello blanco, no es menos cierto que el llamado «trabajo decente» se está convirtiendo en un lujo al que cada vez pueden acceder menores segmentos de población. Así, por ejemplo, en Europa son más de 16 millones y medio las personas desempleadas y aquí, en Euskal Herria, la precariedad que adopta la forma de contratos temporales fraudulentos, jornadas parciales y dobles escalas salariales, entre otras casuísticas, afecta a cerca de un tercio de la población activa. Trabajadores y trabajadoras en precario, normalmente con rostro de mujer, joven o inmigrante, que suelen tener una tasa mucho más alta de siniestralidad laboral.

La defensa del trabajo decente, de condiciones laborales y de prestaciones adecuadas para acceder a unas condiciones de vida dignas, debe ser intrínseca al sindicalismo con conciencia de clase. No obstante, la defensa del mismo debe ir acompañada con una praxis coherente, con un sindicalismo que luche por un cambio radical del sistema capitalista que está en el origen de la explotación, y de la doctrina y la lógica reaccionaria y ultraliberal que son inherentes al mismo.

Con esos objetivos, en vísperas de la reunión del G-20, salimos a la calle miles de personas a las que, como diría Argala «no nos une el pertenecer a una misma nación, pero sí a una misma clase». Los idiomas, los colores y los países serán diferentes, y en cada lugar adecuaremos el mensaje a una realidad propia, pero los objetivos serán los mismos: la lucha por un trabajo con calidad, con derechos y debidamente remunerado; defender el reparto justo de la riqueza, que las patronales y administraciones no decidan unilateralmente y sólo mirando a sus bolsillos; la defensa de la libertad sindical, amenazada en muchos países; garantizar una adecuada regulación del trabajo a nivel internacional y exigir que se ponga fin a las políticas de explotación laboral y saqueo de muchas transnacionales, mediante legislaciones internacionales eficaces; defender la soberanía energética y alimentaria. En definitiva, la FSM nos llama a movilizarnos por un mundo justo.

Además, en Euskal Herria, LAB añade a estas reivindicaciones el respeto al ámbito de decisión vasco en materia socioeconómica y laboral, y la necesidad que tiene la clase trabajadora vasca de un cambio hacia un modelo económico y social más justo. El 1 de abril es un paso más, porque la crisis capitalista continuará agrediendo nuestros derechos laborales; ese día supone el inicio de una dinámica movilizadora que debe desembocar en Euskal Herria en una movilización más contundente, porque la situación lo requiere.