El Gobierno de Filipinas declaró ayer el estado de excepción en la isla de Joló (sur) para que el Ejército pueda intervenir en el caso de que la guerrilla islamista Abu Sayyaf cumpla su amenaza de decapitar a uno de los tres trabajadores de la Cruz Roja que secuestró el 15 de enero.

«Siguen vivos», aseguró el gobernador de la provincia de Joló, Abdusakur Tan, a los periodistas pasado el último plazo que habían dado los secuestradores para que los militares replegasen su tropa en la zona, las 17.00 de ayer (9.00 en Euskal Herria).

Tan añadió que la confirmación de que el suizo Andreas Noter, de 39 años; el italiano Eugenio Vagni, de 62; y la filipina Jean Lacaba, de 37, siguen con vida proviene de un hombre de Abu Sayyaf.

El gobernador de Joló manifestó que ahora que se han abierto varias posibilidades, incluida la negociación, aunque insistió en que sigue vigente la política de no pagar dinero.

El propio presidente de la Cruz Roja filipina, el senador Richard Gordon, quien ha rechazado desde el primer día el pago de un rescate a Abu Sayyaf, hizo ayer una apelación de última hora para que los secuestradores no matasen a uno de los rehenes.

Abu Sayyaf ha decapitado en el pasado a varias personas cuando le pareció necesario, y entre todos los casos destaca la muerte del empresario estadounidense Guillermo Sobero, cuyo cadáver fue ofrecido a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, como «regalo» del Día de la Independencia, el 12 de junio de 2001.

Albader Parad, el dirigente de Abu Sayyaf que encabeza este secuestro, dio un ultimátum el 25 de marzo para que se retirasen los militares en una semana o cortaría la cabeza a uno de los cooperantes de la Cruz Roja, después de que sus anteriores llamamientos en ese sentido no prosperasen.

Ataque del NPA

Por otra parte, al menos 17 personas murieron ayer en Filipinas después de que los rebeldes comunistas atacaran un destacamento militar desplegado en el sur del país, según declaraciones de un responsable militar recogidas por la cadena GMANews.

El portavoz de la Cuarta División de Infantería del Ejército filipino, comandante Michelle Anayron, declaró que de las 17 víctimas, once son rebeldes del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y cuatro son soldados del Gobierno.

Otros tres militares gubernamentales resultaron heridos en el ataque, que sucedió en la base Zamboanga, en la ciudad de Malaybalay, en Mindanao. Anayron señaló que el combate duró más de dos horas.