Ayer se reunieron 60 personas ante el Palacio de Justicia de Baiona para denunciar que «si la solidaridad es un delito, somos todos culpables». Estas eran las palabras que mostraba la pancarta tras la cual se colocaron representantes de LAB, la Cimade, Attac o el Nuevo Partido Anticapitalista entre otros. El artículo L622-1 del código de entrada y residencia de extranjeros establece que en el Estado francés acoger, acompañar o simplemente ayudar a una persona sin papeles es un delito que puede ser castigado con cinco años de prisión y una multa de hasta 30.000 euros.