«Contra la reforma y derogación de la Ley de Extranjería. Eskubideak denontzat» es el lema de la concentración que 18 asociaciones de inmigrantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, junto a ELA, han convocado para el sábado en Bilbo. La movilización, aclararon ayer sus promotores, pretende ser la primera de una serie de acciones encaminadas a denunciar que la reforma impulsada por el Gobierno español tan sólo se rige por intereses económicos y políticos.

«Este anteproyecto de ley representa una regresión en todo su contenido en cuanto a derechos de primer orden», resaltaron en rueda de prensa. Antes, los convocantes de la concentración en la Plaza Moyúa habían criticado que «es lamentable la apuesta que se hace por el control de flujos migratorios, que no es más que el ver a las personas inmigrantes sólo como mano de obra barata, de coger y tirar de acuerdo a los intereses económicos y sociolaborales».

Aclararon que a los ciudadanos de otras latitudes, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero los considera «sujetos sin derechos», poniéndose un permiso de trabajo por encima de su condición de ser humano. Por el contrario, si son mano de obra cualificada se les facilita la contratación, favoreciendo así, remarcaron, «la fuga de cerebros de sus lugares de origen, un coste muy alto para países cada vez más empobrecidos».

Asimismo, tras el análisis de la cuarta reforma de la legislación española en esta materia, criticaron que «se sigue desconociendo y negando» a los inmigrantes sin papeles, que trabajan en la economía sumergida, toda posibilidad de regularizar su situación, «perpetuando así su precariedad sociolaboral y su invisibilidad».

Entre los aspectos cuestionados, mencionaron que los cambios que se proponen evitan hacer seguimiento de las condiciones en que se efectúan las contrataciones de estas personas en sus países de origen. La práctica actual, lamentaron, «deja a los inmigrantes a total merced de los empresarios», que dan lugar a continuos casos de explotación laboral e injusticia social.

En su valoración crítica, los colectivos de inmigrantes y ELA no se olvidaron de las restricciones que se añaden a la reagrupación familiar, las repatriaciones a menores no acompañados sin derechos o la ampliación de los periodos de retención en centros de internamiento.

«Con este clima de represión y vulneración de derechos, promovido desde las esferas del Estado español, no se construye ciudadanía, ni se permite el diverso y rico aporte de las personas inmigrantes, que contribuyen a fortalecer la necesaria convivencia social», argumentaron. Por esa razón, como lo han hecho antes otros agentes en Euskal Herria, exigieron la retirada «inmediata» del anteproyecto de ley, así como de la legislación que, con continuos retoques motivados por sentencias del Tribunal Supremo español, sigue en vigor.