Un estudio sobre mortalidad y morbilidad por enfermedades profesionales, que recientemente he tenido ocasión de repasar, indica que cada año ocurren en el mundo 100 millones de accidentes, 11 millones de casos nuevos de enfermedades laborales y 800.000 muertes como consecuencia de exposiciones laborales (100.000 por accidentes de trabajo y el resto debidas a enfermedades). En Euskadi se registraron 807 enfermedades profesionales nuevas durante el pasado año, la gran mayoría de tipo osteomuscular.

En el Día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril, y ante un escenario de recesión económica como el actual, considero necesario hacer una llamada a la salvaguarda del derecho fundamental a la vida y a la salud de toda la población trabajadora.

A nadie se le escapa que, en tiempos de crisis productiva, los cambios estructurales y organizativos de las empresas (reducción de costes, recortes de plantilla, etc.) pueden repercutir notablemente en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y sus consecuencias, a juzgar por los informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no sólo las experimentan en sus propias carnes los trabajadores y trabajadoras sino que también se propagan a sus familias y a las comunidades donde se producen dichas reestructuraciones.

No cabe duda de que todo lo relativo al trabajo, y por supuesto a la falta del mismo, influye de forma determinante en la salud de las personas, llegando a generar estrés, aumento de los niveles de hipertensión e incluso patologías cardiovasculares que pueden desembocar en la muerte.

Está comprobado asimismo que la pérdida del puesto de trabajo y la falta de perspectivas de empleo pueden producir desequilibrios sociales (sentimientos de inferioridad, exclusión), familiares (pérdida de confianza en uno mismo, rupturas, inestabilidad), personales (estilos de vida insanos) y psicológicos (desestabilización emocional, ansiedad, depresión). Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el trabajo en condiciones precarias o la inestabilidad laboral pueden generar problemas de salud y provocar enfermedades.

Por su incidencia inmediata en los medios de comunicación, los accidentes laborales han desplazado a un segundo plano otro aspecto fundamental de las políticas de prevención de riesgos. Me refiero a la vigilancia de la salud, cuyos objetivos entroncan con la identificación de los problemas de salud de la población trabajadora y la posterior evaluación de las intervenciones preventivas. Desde el punto de vista ético y legal, tan importante como evitar o reducir el riesgo de accidente es evitar o reducir cualquier riesgo que pueda incidir negativamente en la salud de los trabajadores.

Por lo tanto, será necesario seguir profundizando en la prevención de los riesgos que originan daños en la salud de la población trabajadora, porque la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente a los riesgos laborales y las enfermedades constituye, además de un derecho laboral, un derecho básico de las personas.