El Gobierno navarro recurrió ayer a una artimaña habitual para avalar proyectos de infraestructuras cuestionados por la ciudadanía: afirmar que el TAV creará puestos de trabajo (nada menos que 10.000, según el portavoz, Alberto Catalán). Sin embargo, mucho más sincera que esta declaración es la que ha hecho el Gobierno español al agradecer el «esfuerzo económico» hecho por Nafarroa para materializar el arranque de las obras. Y es que, en una muestra de «generosidad» sin precedentes, Iruñea se ha comprometido a adelantar el dinero de las obras durante dos años y a asumir a fondo perdido el coste de los intereses del enorme préstamo que se deberá solicitar para tan faraónico proyecto.

No hay más que mirar hacia Madrid para comprobar que los argumentos del Gobierno navarro se caen por su propio peso. Y es que, pese al principio de acuerdo alcanzado en 2007, la Administración estatal se ha resistido con uñas y dientes a embarcarse en un gasto de tal dimensión en un momento de crisis que aboca a otras prioridades. Ha sido el Ejecutivo de Miguel Sanz y su socio del PSN el que ha allanado totalmente el terreno para que el TAV llegue desde Zaragoza hasta Iruñea, aunque sea a costa de embarcar a su Hacienda en una operación de alto riesgo y a costa de desviar recursos que bien podrían destinarse a sus cerca de 40.000 desempleados.

Del TAV todavía no se sabe su interés, porque nunca ha sido sometido a un debate técnico medianamente serio. Lo que sí se sabe son sus intereses, los económicos, ésos que el Gobierno de UPN-CDN y sus socios del PSN pretenden cargar sobre las espaldas de toda la ciudadanía navarra. Y se saben también otros intereses, los políticos. El «abrazo» se lo darán dentro de pocas semanas dos viejos amigos: Miguel Sanz y José Blanco, hoy ministro de Obras Públicas y ayer el dirigente del PSOE encargado de ordenar a sus compañeros del PSE que fuera precisamente Sanz quien siguiera al frente del Gobierno navarro.