Elkartzen considera que existen razones suficientes para «dar una respuesta contundente a la ofensiva que trabajadoras y trabajadores estamos padeciendo de manos de una patronal protegida y amparada por la clase política» y, partiendo de esta valoración, se ha adherido a la convocatoria de huelga general el próximo 21 de mayo. A su juicio, las instituciones y la clase empresarial, en «alianza público-privada», pretenden «salir de esta crisis que han creado ellos mismos a costa de la clase trabajadora», y considera ejemplo de este hecho el «descarado trasvase de dinero público a manos privadas» que se está produciendo por varias vías.

En rueda de prensa celebrada ayer en Gasteiz, representantes del organismo por los derechos sociales expresaron su alegría por el llamamiento conjunto de la mayoría sindical, «porque creemos que la acumulación de fuerzas es la clave para avanzar en el cambio estructural que necesita este país», e hicieron un llamamiento «a las personas precarizadas por el actual modelo económico» para que «se organicen y luchen por sus derechos y por la transformación social». En este sentido, desde Elkartzen opinaron que el día de la huelga general «debe ser un punto de inflexión en esa dirección», por lo que invitaron a participar en los piquetes y en las movilizaciones que se convoquen esa jornada.

Durante su intervención, el portavoz de la plataforma Igor Uriarte también censuró la actitud de los medios que «ocultan la maniobra de saqueo» promovida por las élites políticas y económicas, aunque sostuvo que, más allá de esa «propaganda», la situación «es demasiado evidente como para que la clase trabajadora y los sectores populares sigamos tragando con la mentira de que todos debemos remar en la misma dirección».

A este respecto, explicó que el proceso de precarización al que está siendo sometido un amplio espectro de la población se está agudizando, y citó cinco ejemplos de ello: el problema de la vivienda, un derecho negado a miles y miles de personas en Euskal Herria; la amplia capa de la sociedad cuyos ingresos no llegan al umbral de la pobreza; el grave escenario que están dejando los EREs y el galopante incremento del desempleo; los accidentes laborales, con 21 trabajadores muertos en 2009; y la privatización de los servicios públicos y sociales.