El Tribunal Supremo español ha declarado «nulo de pleno derecho» el Protocolo de la UPV-EHU para la atención de los vascos encarcelados, aprobado en setiembre de 2005 por Lakua, por vulnerar, a su entender, el artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria española.

Según el citado artículo, para que los presos encarcelados en el Estado español puedan cursar estudios universitarios debe existir un convenio entre la Administración española y la universidad correspondiente. Algo que alegan no existe en el caso de UPV-EHU, aunque desde hace varios años es imposible que, por ejemplo, los presos políticos vascos dispersados en el Estado español cursen estudios en la UPV. Sin embargo, sí que lo pueden llevar a cabo los vascos encarcelados en el Estado francés.

Movilizaciones y ongi-etorris

El dictamen, además, hace una especial mención al respecto, como ejemplo de que el Protocolo de la UPV no tiene suscritos los oportunos convenios.

Así, el Supremo concluye que si excluye de esa aplicación a los vascos encarcelados en el Estado francés que quieran estudiar en «universidades españolas», «se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza a la que aspiran», además de «cercenar la competenecia de la Administración penitenciaria española».

Al respecto de los presos vascos, el domingo decenas de personas recibieron en Santurtzi al recién liberado Unai Hernández. En Algorta, a su vez, se realizó el ongi-etorri de Ibai Egurrola, Amets Ladislao y Eli Zubiaga.

Por su parte, en defensa de los derechos de los presos vascos, 22 personas se concentraron ayer en Zaldibia, 14 en Ordizia, 65 en Santurtzi, 85 en Ondarroa, 7 en Euba, 25 en Otxarkoaga, 15 en Bermeo, 40 en Iurreta, 15 en Zaldibar, 45 en Laudio, 14 en Añorga y 26 en Altza (Donostia).