Los impulsores de la campaña ``Aquí no sobra nadie'', algo más de cien colectivos sociales, criticaron ayer el «oportunismo político» del Gobierno español, que dijeron que «aprovecha la coyuntura económica para endurecer su política migratoria, acentuando todavía más la vulnerabilidad del colectivo inmigrante». «Amparados bajo el discurso mediático de la crisis -añadieron-, incentivan el retorno disfrazándolo de ayudas al codesarrollo; incrementan las detenciones arbitrarias de personas en situación irregular; e instrumentalizan al colectivo inmigrante en función de intereses exclusivamente económicos, perpetuando así su situación de exclusión».

Los organismos y sindicatos agrupados en esta iniciativa afirmaron que la aprobación el 19 de noviembre de 2008 del anteproyecto de reforma de la Ley española de Extranjería es «un paso más hacia la violación de los derechos fundamentales» de las personas inmigrantes.

Citaron, por ejemplo, que la nueva legislación propuesta por el PSOE obstaculiza el reagrupamiento familiar de padres y madres. Para su llegada a Euskal Herria, las autoridades españolas piden a los inmigrantes autorización de residencia de larga duración y que la persona que venga tenga más de 65 años, lo que frena el reencuentro con sus seres queridos.

Por ello, reclamaron al Gobierno español que reconsidere sus planes, ya que éstos implican «un retroceso absoluto en los derechos del colectivo inmigrante, obstaculizando su plena integración». A Lakua, las diputaciones y los ayuntamientos le pidieron que se posicionen en contra del anteproyecto, al estimar que atenta contra «avances autonómicos en materia de inclusión activa». Esta solicitud la extendieron a las diferentes fuerzas políticas.

También acusaron al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de criminalizar a los menores inmigrantes, a quienes se niega la asistencia letrada en los procesos de repatriación y se les impone la expulsión en caso de infracción. En esta línea, censuraron que se haya pasado de 40 a 60 días la retención en los centros de internamiento para extranjeros por una simple infracción administrativa. Estos centros de retención, en su opinión, son «una vía de represión y marginación de personas que sólo han cometido una falta administrativa, y en ningún caso un delito que merezca como pena la privación de libertad».

Además, denunciaron que se considere una infracción grave la permanencia «irregular» de extranjeros, o la de consentir su inscripción en el padrón municipal cuando no es la vivienda su domicilio real. «Esta medida les cierra la puerta de acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación», subrayaron desde Harresiak Apurtuz y representantes del centenar largo de aso- ciaciones que apoyan la campaña en la CAV.

Persigue la integración

Destacaron que la nueva reforma persigue a los ciudadanos que luchan por la integración, al imponer multas de entre 501 a 10.000 euros por cada una de las personas a las que se apoye. Esta es la razón por la que reivindican la despenalización «total y absoluta« de la labor social, acompañamiento e integración» de agentes sociales y personas a los inmigrantes, especialmente a los «irregulares».

Los impulsores de ``Aquí no sobra nadie'' anunciaron que se movilizarán para dejar clara su oposición a la Ley de Extranjería y reivindicar la no discriminación y equiparación de derechos. «No cesaremos en la de- nuncia de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras», manifestaron.

Lo expuesto ayer no es nuevo, pues la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz lleva más de una década denunciando la situación de «flagrante vulneración de derechos» en la que viven miles de inmigrantes. «Unas mujeres y hombres que bajo un sistema neoliberal son identificadas e identificados con el sentido más utilitarista de la mano de obra, que son constantemente criminalizadas y criminalizados en todos los discursos políticos y mediáticos, y que sufren a diario la violación de sus derechos más fundamentales», señalan.

Frente a este panorama, entienden que es «un momento de oportunidad» para denunciar la vulneración de derechos, «al tiempo que visibilizar el oportunismo del Gobierno español que pretende endurecer más si cabe la Ley de Extranjería, agudizar más si cabe la discriminación, crear más clases sociales y, en definitiva, ponerse al día con las políticas de cierre de fronteras que se están llevando a cabo en el resto de Europa», afirma Harresiak Apurtuz.