La decisión del Ayuntamiento donostiarra de asumir la gestión del centro de ocio Ilunbe, que conlleva la indemnización de 21 millones de euros a Nuevo Desarrollo de Anoeta (NDA), ha sido la gota que ha colmado el vaso en su opinión. Concejales y ex concejales de la izquierda abertzale, que fueron quienes llevaron el asunto a los tribunales, mostraron ayer su hartazgo y exigieron la dimisión del alcalde del PSE, Odon Elorza.

Los primeros ladrillos de lo que sería el coso taurino y el complejo de ocio anexo se colocaron en unas condiciones de legalidad más que precarias y así lo denunció desde el primer momento la izquierda abertzale, que junto a EB se opuso a esta macroinstalación en el pleno municipal, allá por los años 90.

Desde que se iniciara la adquisición de las tierras de Ilunbe, que estaban catalogadas como no urbanizables, hasta que el consistorio ha visto como saltaba por los aires su intento desesperado de privatizar el complejo estos días, resulta difícil llevar la cuenta y ordenar las irregularidades cometidas.

Ante el cúmulo de anomalías, la izquierda abertzale, entonces bajo la sigla de Herri Batasuna, acudió a los tribunales en 1997. Ha ganado todos y cada uno de los pleitos a los que ha sometido al Consistorio. En 2001 el TSJPV le dio la razón ym pese a que el Ayuntamiento recurrió el fallo, en 2004 el Tribunal Supremo español confirmó la ilegalidad de la operación realizada.

Los años posteriores a la sentencia, la institución liderada por Elorza no cumplió la sentencia presentando a los tribunales una supuesta imposibilidad material y legal de ejecución. Pero finalmente cambió de opinión y decidió presentar un concurso público pactado, que ha salido bastante peor de los que esperaba la Corporación de Elorza.

Miren Zinkunegi y Agustin Rodríguez, en nombre de concejales y ex concejales de la izquierda abertzale, reclamaron ayer la dimisión inmediata de Elorza por la actuación seguida en el tema de Ilunbe, a la par que exigieron que se asuman las responsabilidades y «no sean los donostiarras los que paguen sus chanchullos».

Y es que el hecho de que NDA, la empresa de la familia Chopera que ha gestionado el centro desde su inicio, no se presentara al concurso público obliga a los donostiarras a abonar 21 millones de euros. Este montante, además, podría elevarse hasta los 30 millones si se computan otras compensaciones económicas que reclaman terceros.

La izquierda abertzale muestra verdadero enfado y apunta que las actuaciones de esta operación son «muy parecidas a lo que en el Código Penal se entiende por prevaricación». Recuerda que ni las sentencias dictadas han hecho parar al Ayuntamiento, «que ha insistido en mantener, consolidar y tratar de legalizar lo mal hecho».

En la comparecencia, recordaron que la irregularidad ha sido la nota dominante, e inventariaron los insistentes recursos interpuestos con dinero público, la solicitud de no-ejecución de la sentencia, la preparación de un «concurso a la carta» para NDA,o las modificaciones del Plan General para crear nuevos espacios comerciales.

Ante este panorama, criticaron que la única preocupación del Ayuntamiento parecen ser las corridas de toros de la Semana Grande y de dónde sacar el dinero para pagar a «quienes pactaron esta operación y que ahora le han dado la espalda». Los independentistas se preguntaron cómo obtendrán esta cantidad: «¿Con la venta de patrimonio municipal o la reducción de servicios sociales, o mediante otras operaciones urbanísticas similares?».