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Aiert Larrarte: «La Guardia Civil se desacredita a sí misma torturando»

Aiert Larrarte censuró en el juicio en el que se encuentra imputado junto con Julen Larrinaga por injurias a las FSE que la Guardia Civil «se desacredita a sí misma practicando la tortura». Según reprochó al tribunal, los que debieran ser juzgados son los agentes que maltrataron a Ibon Meñika y Sandra Barrenetxea, que ayer volvieron a ratificar los malos tratos padecidos durante el periodo en el que permanecieron incomunicados en dependencias policiales.

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Manex ALTUNA | BILBO

La Fiscalía reclamó ayer en la Audiencia Provincial de Bizkaia la condena de Julen Larrinaga y Aiert Larrarte por injurias vertidas contra las FSE y les exigió una indemnización cercana a los 7.000 euros. Aunque no precisa las manifestaciones concretas de cada uno, les imputa haber ejercido de portavoces en una rueda de prensa en abril de 2006 en la que dieron a conocer el testimonio de Ibon Meñika. El joven de Zamudio denunció haber sido torturado por la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación.

La defensa exigió la libre absolución de los dos imputados al entender que no pretendieron «menoscabar la legitimidad o prestigio democrático» de las FSE con sus declaraciones. El letrado Kepa Manzisidor indicó que sus defendidos se vieron obligados a comparecer ante los medios para instar a las instituciones a que adoptaran medidas que impidieran que Sandra Barrenetxea fuera torturada, tras conocer el relato de Meñika.

Según recordó, Larrinaga y Larrarte dieron la rueda de prensa después de que la Audiencia Nacional rechazara la petición de habeas corpus para Barrenetxea. Añadió que con los testimonios de la vecina de Bilbo y Meñika ante el tribunal habría quedado también acreditado que fueron maltratados, por lo que no había ningún ánimo de ofender a la Guardia Civil.

En este sentido, Larrarte censuró al tomar la última palabra que el instituto armado «se desacredita a sí mismo practicando la tortura». El abogado de Torturaren Aurkako Taldea reprochó al tribunal que le parecía «una vergüenza» que en los últimos 15 años no se haya realizado ningún juicio por torturas en Bizkaia y censuró que los imputados deberían de haber sido los guardias civiles que maltrataron a Meñika y Barrenetxea. También pidió a los tribunales que «ayuden a poner barreras» para erradicar la tortura.

Larrinaga, por su parte, mostró su sorpresa por haberse celebrado el juicio a iniciativa de un «grupúsculo falangista» como la asociación España y Libertad y censuró la «peligrosidad de fiscalizar las libertades democráticas, como la libertad de expresión y de ofrecer información veraz» a la sociedad. Asi- mismo, dijo estar «preocupado» por «la humillación colectiva» que suponía ese juicio para los miles de ciudadanos vascos que han sido torturados en los últimos 30 años.

Bolsa y amenazas de violación

La vista de ayer comenzó con la toma de declaración de Meñika, que volvió a relatar que durante el periodo en el que permaneció incomunicado fue golpeado en la cabeza, costillas y genitales, además de ser obligado a realizar ejercicios físicos y sufrir constantes amenazas. Declaró que en 2001 fue detenido por la Policía española, pero recordó que en esa ocasión no fue torturado y, en consecuencia, no interpuso ninguna denuncia.

Asimismo, señaló que cuando conoció que iba a ser citado a declarar como testigo pensaba que iba a hacerlo por la denuncia que interpuso por torturas y que se sorprendió el enterarse de que en el banquillo de los acusados se iba a encontrar con las personas que dieron a conocer su testimonio y no con los que practican la tortura.

Sandra Barrenetxea relató también el calvario padecido en dependencias policiales. La bilbaina fue detenida en la misma operación policial que Meñika y explicó ante el tribunal que durante los tres días que permaneció incomunicada fue golpeada en la cabeza con la mano abierta y sufrió distintos métodos de tortura como la «bolsa», y que le enrollaron en un colchón y le echaron agua fría por encima. Asimismo, contó que le amenazaron constantemente con ponerle los electrodos y violarle. En ese momento, tuvo que interrumpir su declaración ya que se le hizo un nudo en la garganta al rememorar los hechos.

Barrenetxea señaló que denunció los hechos ante el médico forense de la Audiencia Nacional y que el procedimiento abierto fue archivado tal y como ocurrió con el de Meñika.

Al mismo tiempo, declaró que ni ella ni el vecino de Zamudio han sido juzgados por los hechos por los que fueron arrestados. La Fiscalía trató de restar credibilidad a los testimonios alegando que en los informes médicos no se recogían sus denuncias.

LEYENDO

Durante la intervención final del abogado defensor, Kepa Manzisidor, la jueza se dedicó a leer. Al percatarse de la situación, el letrado detuvo su alocución y tuvo que reclamar a la magistrada que le prestara atención.

Cherly Lucassen
Abogada miembro de AED

La letrada holandesa ha asistido al juicio contra Julen Larrinaga y Aiert Larrarte como observadora, al pertenecer a la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED). En concreto, forma parte de la Comisión Defensa para los Defensores, a la que presentará un informe con sus impresiones sobre lo ocurrido en la sala.

«Llevar a juicio a las personas que se preocupan por la tortura es ir demasiado lejos»

ésta es la primera ocasión en la que sigue de cerca un procedimiento judicial contra ciudadanos vascos. ¿Qué impresión le ha causado el juicio?

Lo que más me ha sorprendido es que la juez apenas ponía atención y parecía que no le importaba lo que estaban diciendo cuando declaraban los imputados o la defensa. Además, desde el principio faltaban documentos, y por momentos ha sido casi insultante la actitud de la juez. Esperaba que se lo tomaran más en serio y que se realizara una investigación.

¿Qué valoración hace de que sean denunciadas las personas que han dado a conocer un caso de torturas?

Es muy preocupante que por el hecho de criticar una actividad, que es un síntoma inequívoco de una democracia, pueda llegar a celebrarse un juicio. Estoy muy sorprendida porque algo así pueda ocurrir. Las personas juzgadas estaban advirtiendo que podían darse torturas. Y que un estado que se define como democrático lleve a juicio a los que están mostrando su preocupación por ello es ir demasiado lejos.

¿Cómo valora que las denuncias hayan sido archivadas?

Desde luego, no es un procedimiento acorde con los estándares internacionales, que obligarían a que una vez que se produce una denuncia de torturas se debiera llevar a cabo una investigación como es debido.

¿Conoce algún caso de similares características a éste dentro de la Unión Europea?

No he conocido un procedimiento similar o parecido en un país europeo. Creo que nadie hubiera sido criminalizado por denunciar la tortura y, encima, no siendo la propia víctima de la tortura. La Comisión Europea de Derechos Humanos reconoce un derecho fundamental como es la libertad de expresión, que puede ser limitado en ocasiones concretas, pero éste no es el caso.

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