El fiscal Javier Muñoz admitió ayer que Ignacio Galipienzo concedió la licencia de obra para construir un apartotel en la parcela destinada a uso escolar porque había adquirido ese compromiso cuando intermedió en la operación de compra-venta de la parcela. Pese a ello, Muñoz negó que el ex alcalde de Eguesibar haya cometido un delito de cohecho, tal como sostiene la acción popular, e incluso arremetió contra esta última y llegó a acusarle de haber actuado con «temeridad y mala fe». Las defensas de los siete imputados coincidieron en esta misma acusación, e incluso pidieron que pague las costas de este proceso judicial.

«Aquí no hay nada de nada, ni cohecho ni nada», aseguró el fiscal tajantemente, y añadió que en todo caso éste sería achacable a funcionarios.

Cabe recordar que Javier Muñoz, fiscal jefe de la Audiencia de Nafarroa, ya intervino en el «caso Otano» y logró que el presunto delito de cohecho se declarara prescrito. También lleva el «caso Cintruénigo», en el que sostiene que no hay delito de los ex alcaldes de PSN y UPN por las cuentas ocultas y que el único responsable es el secretario.

En lo que se refiere a la vista oral de ayer, antes de arremeter contra la acusación popular tuvo una intervención muy agria contra la juez instructora del «caso Galipienzo», que apartó a la Fiscalía de la investigación.

En las conclusiones definitivas, Andrés Percaz, abogado de la acción popular, decidió retirar la acusación contra Jesús Marco, ex asesor legal del Ayuntamiento, porque no firmó los informes que avalaban la operación urbanística promovida por Galipienzo, ya que en los mismos sólo aparecía la rúbrica de la arquitecta municipal.

Percaz mantuvo la petición de dos años y cuatro meses de prisión para Emilio Izquierdo, Luis Galo (vinculados ambos a la empresa Aricam, para la que trabajaba Galipienzo) y Concepción Flores, propietaria de la parcela escolar vendida para apartotel.

El juicio quedó visto para sentencia, que se conocerá probablemente la próxima semana.