«Yo niego la mayor, nada ha tenido que ver este diputado general, ni la Diputación en su conjunto en la paralización de cuatro obras. Niego que exista una voluntad de eludir las responsabilidades suscritas en torno al proyecto de Habidite», afirmó ayer el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, en la comparecencia en Juntas Generales para explicar las razones que llevaron a la institución foral a iniciar los trámites para la rescisión contractual de cuatro obras adjudicadas por la Diputación a la empresa Fonorte, perteneciente al grupo Afer.

La Diputación sustentó entonces la medida en «el grave perjuicio» que suponía «el retraso acumulado» en las obras. El presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, por su parte, atribuyó lo ocurrido a un desencuentro» con Bilbao, al que acusó de incumplir la obligación establecida por contrato de poner a disposición de Habidite -conjunto de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de viviendas montadas a base de módulos- el suelo para la implantación de casas modulares.

En su intervención de ayer, Bilbao indicó que no ha habido «persecución» ni un «desencuentro de carácter personal» con Jabyer Fernández, sino una «decisión unilateral» de la empresa de paralizar las obras, por lo que la Diputación rescindió los contratos. Aseguró que apoyará el proyecto de puesta en marcha de una planta de viviendas modulares «siempre que sea viable técnicamente, haya solvencia empresarial y sea legalmente factible en la relación con los dictámenes de la Comisión Europea».

Atribuyó los retrasos en el proyecto a la decisión de Bruselas, que no resolverá si el compromiso monetario se puede entender como ayudas de Estado hasta finales de julio.

PP, PSE, EB y Grupo Mixto lamentaron el apoyo dado por Bilbao a un empresario «que no tenía ninguna solvencia» y que hiciera «gala de una relación de amistad», que pudo conllevar «un trato de favor».

También el grupo juntero de la izquierda abertzale se reiteró en las denuncias de «trato de favor» al grupo Afer y en la exigencia de responsabilidades políticas tras la «nefasta gestión» realizada desde la Diputación.

Subrayó que se trata de un proyecto sin consistencia que «durante meses ha servido a la Diputación y al PNV para seguir vendiendo humo en Enkarterriak y, de paso, acallar las voces críticas cada vez más numerosas en Enkarterriak sobre las promesas y engaños de los que han sido víctimas tras el cierre de Reckitt». Anunció que pedirá una comisión de investigación.