Sin duda, los birmanos y, en concreto, los habitantes del delta Irrawaddy y el sur de Myanmar, que sufrieron el azote de una ola de más de cuatro metros de altura. El Nargis no tuvo compasión. Arrasó con todo lo que pudo. Cerca de 140.000 personas murieron y 2,5 millones se quedaron sin casa y sin sustento, porque el agua redujo a un tercio los cultivos de arroz, su principal modo de vida. Aquel 2 de mayo de 2008 ha quedado marcado en las páginas negras del país.

En los primeros días, muchos países «industrializados» se ofrecieron a donar cuanto dinero hiciera falta. Las promesas, sin embargo, se las llevó el viento. Un año después, la situación es más que dramática. Y lo peor es que se aproxima la temporada de monzones. La coordinadora de respuesta rápida del programa de asentamientos humanos de la ONU acaba de lanzar la voz de alarma; los techos de lona y paja, que reemplazaron a las endebles casas birmanas, se están resquebrajando y «con el monzón acercándose, nos enfrentamos de nuevo a una crisis humanitaria». La escasez de agua limpia y las plantaciones aún anegadas han provocado, además, movimientos migratorios aumentando el número de desplazados. Y en esa búsqueda de trabajo, los niños han dejado de ir a la escuela, cuyas consecuencias se notarán a largo plazo.

Nadie pone en duda el potencial devastador del Nargis pero las sanciones impuestas a la Junta Militar birmana han impedido la llegada de una mayor ayuda internacional.

Aquellos donantes, de frágil memoria, alegan que los militares obstaculizan su reparto. Un argumento con poco recorrido. Los propios trabajadores locales de la ONU, poco sospechosa de tener lazos con la Junta Militar, han negado que la ayuda esté siendo desviada y aseguran que las autoridades están permitiendo a las 18 agencias de la ONU y a las más de 50 organizaciones gubernamentales que trabajan en Myanmar repartirla directamente entre los afectados. El Nargis ha quedado relegado ya a las páginas de las hemerotecas aunque, un año después, el panorama no haya cambiado.