El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió ayer un auto por el que deniega la suspensión cautelar de la convocatoria de este año para las ayudas económicas del Gobierno de Lakua para los familiares de los presos políticos vascos, al rechazar el argumento de la Abogacía del Estado español de que esa iniciativa menosprecie a las «víctimas del terrorismo».

El recurso español, que fue presentado el 4 de marzo por un representante de la Abogacía del Estado, contó con el impulso político del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, así como del Gobierno de Lakua del PSE, que, junto al PP, siempre se han posicionado en contra de las ayudas.

Recurso con impulso de Madrid

El Estado español defendía que la concesión de ayudas a los familiares de los presos vascos supondría una «trasgresión irreparable» a la Ley española de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo que «impone a los poderes públicos la obligación de poner en marcha medidas para deslegitimar el terrorismo».

Al respecto, el TSJPV entiende que la concesión de esas ayudas está fundada «en apariencia, en un estado de necesidad de los familiares de los presos que se ven obligados a efectuar largos desplazamientos para verlos y comunicarse con ellos», y señala que esa concesión «supone una opción política». Opción que, a su juicio, «podrá o no compartirse, pero que por sí misma no supone con la evidencia necesaria una legitimación del terrorismo».

Añade además este tribunal con sede en Bilbo que «forzoso resulta distinguir penalmente a unos de otros -los presos de sus allegados-, sin que el mero hecho de ser familiar de un penado comunique la culpa».