El presidente de los Comunes paga con su dimisión los gastos parlamentarios
El presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, Michael Martin, se ha convertido en la víctima más reciente del escándalo de corrupción que ha salpicado a la política británica. Martin, que dejará el cargo el 21 de junio, se había convertido en el blanco de las iras de los parlamentarios debido a sus múltiples objeciones y trabas para que se hicieran públicos los gastos excesivos e irregulares en los que han incurrido algunos miembros de la Cámara.
Soledad GALIANA |
Michael Martin ha hecho historia. Sin embargo, ser el primer presidente de la Cámara de los Comunes obligado a dimitir en 300 años no es el tipo de historia que esperaba, ya que muchos consideran que con su actitud no ha dejado espacio para la simpatía o la comprensión.
Martin no era sólo el representante sino también la voz de la Cámara de los Comunes. Pero para algunos parlamentarios no ha mostrado ante el público el suficiente remordimiento por los gastos excesivos y abusivos de algunos parlamentarios.
En una declaración ante los miembros de los Comunes tras la publicación de las primeras filtraciones mediáticas -basadas en copias de recibos de los parlamentarios-, Martin reconoció que había «una gran preocupación pública».
Al mismo tiempo, atacó a los parlamentarios que criticaron que su primera decisión fuera la de pedir a la Policía que investigue quién había pasado la información a la prensa, en lugar de centrarse en quién o quiénes eran los responsables del abuso de los presupuestos públicos.
Otra de las decisiones que ha suscitado fuerte críticas en el arco parlamentario fue la de bloquear un acuerdo para que los gastos de los parlamentarios pagados con fondos públicos se dieran a conocer.
Excusas de Martin
Martin argumentó que la seguridad de los parlamentarios se vería afectada si sus direcciones se hacían públicas. Finalmente, los parlamentarios votaron a favor de la publicación de esa información obviando sus direcciones personales. Como declaró el liberal-demócrata Norman Baker, Martin parecía «defender intereses particulares» en lugar de centrarse en la preocupación ciudadana.
Este tipo de críticas al presidente de los Comunes son normalmente impensables, como lo es el hecho de intentar forzar su dimisión. Sin embargo, la revuelta en el seno de la Cámara ha alcanzado tal nivel que el parlamentario conservador Douglas Carswell presentó una moción de censura contra él firmada por 23 miembros de la Cámara que le ponía en una posición insostenible, porque ¿cómo mostrarse imparcial ante una discusión sobre su futuro?. La declaración del líder de los Liberales Demócratas, Nick Clegg, pidiendo su dimisión, añadió la presión suficiente para que Martin aceptara que era el momento de irse. Ni siquiera el cambio de tono en sus declaraciones, sus manifestaciones de «profundo pesar» por el terrible daño causado a la Cámara Baja del Parlamento o el apoyo de altos cargos laboristas, que se fue diluyendo según aumentaba la controversia y el escándalo, han servido para redimirle.
Decapitados en el pasado
Al menos Martin puede sentirse satisfecho de que las cosas hayan cambiado, porque en el pasado siete presidentes de los Comunes fueron decapitados.
El caso más reciente de expulsión de un presidente de la Cámara se remonta a 1695, cuando John Trevor fue expulsado del Parlamento por aceptar un soborno.
En la historia contemporánea, se considera un asiento de por vida, en el que el político de turno se acomoda hasta que la muerte o el retiro les separe. Los tres presidentes anteriores ocuparon el cargo por siete, nueve y ocho años.
El primer ministro británico, Gordon Brown, reclamó ayer que un órgano independiente pase a encargarse a partir de ahora de supervisar los gastos de los miembros de la Cámara de los Comunes.
La jornada que se vivió ayer en el Parlamento de Westminster puede ser calificada de histórica pues ningún presidente de la Cámaras de los Comunes había dejado el cargo a la fuerza desde 1695.
El ya ex presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Londres, Michael Martin, de 63 años y elegido por Glasgow North-East, se vio envuelto en la controversia desde que sucedió en el cargo a Betty Boothroyd el 23 de octubre de 2000.
La tradicional alternancia en la presidencia de la Cámara significaba que los conservadores esperaban que uno de sus parlamentarios obtendría ese cargo. Su imparcialidad se vio en entredicho desde que el pasado año se descubriera que había permitido que la Policía registrara sin orden judicial las oficinas en el Parlamento del conservador Damian Green en el marco de una investigación sobre una supuesta filtración.
En febrero de 2008 se descubrió que Martin -que ha ocupado el escaño de diputado durante 30 años y el de presidente durante 9- había cobrado de fondos públicos recibos de taxis que su esposa había usado para hacer la compra.
Asimismo, hubo quejas porque había pedido una ayuda de 17.000 libras para el alquiler de una casa que le pertenecía y 7.000 más para usar la misma vivienda como oficina. También denunciaron que había usado los descuentos aéreos conseguidos gracias a sus viajes parlamentarios para comprar billetes baratos en primera clase para que sus familiares viajaran a Londres en Nochevieja.
El responsable por los estándares parlamentarios, John Lyon, concluyó que la esposa de Martin tenía derecho a reclamar las más de 4.000 libras esterlinas que había gastado en taxis ya que el gasto, a su juicio, «no era excesivo».
