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Maite SOROA | msoroa@gara.net

Empiezan a no verlo nada claro


El auto con que se despacharon los ilegalizadores de Iniciativa Internacionalista debe ser una chapuza de tomo y lomo. Lo digo a la vista del editorial de ayer en «El País» y el artículo publicado en el mismo rotativo por el catedrático Eduardo Virgala en los que muestran su decepción por el mismo.

Según el editorialista de «El País» se comprende el voto negativo de cinco magistrados «a la vista del escaso peso de los indicios y pruebas recogidos en el auto». O sea, una birria.

Lo concreta más: «El auto se limita a constatar la intención de Batasuna de concurrir a las elecciones y la presencia al frente de la lista de una persona, Alfonso Sastre, con vinculaciones con el mundo de Batasuna. Hay una gran desproporción entre una resolución grave, que afecta a derechos políticos (el de sufragio pasivo), y lo ligero de unos indicios no sustentados en material probatorio suficiente». Ya ven que sube el tono de la crítica. Pero lo que temen en realidad es hacer el ridículo más espantoso : «No basta con la convicción moral: hacen falta pruebas o indicios solventes. Si no los hay, se descubre un flanco que los expertos del frente jurídico de Batasuna no dejarán de utilizar con vista al recurso contra la Ley de Partidos planteado ante el Tribunal de Estrasburgo». Todavía están a la espera de las sentencias que faltan por llegar desde Europa.

También en «El País», el catedrático Virgala sentenciaba que «el auto del Tribunal Supremo hecho público el pasado sábado anulando la candidatura presentada por Iniciativa Internacionalista (II-SP) es una mala noticia para todos los que durante los últimos años hemos defendido la constitucionalidad de la Ley de Partidos y su plena conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos». Malo, malo.

Y tras un largo desarrollo de argumentos, dice el autor que lo peor está en Europa: «Muchas más probabilidades tendrán los afectados si deciden recurrir en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí una sentencia condenatoria para España sería un auténtico desastre para nuestra democracia, por lo que ojalá el Tribunal Constitucional se arriesgue y ampare a los recurrentes». Empiezan a recular.

 

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