Han tenido que sucederse una decena de procesos de ilegalización para que un importante número de magistrados del Tribunal Supremo español e incluso la prensa que con más ahínco ha aplaudido la irracional aplicación de la Ley de Partidos Políticos contra la ciudadanía de Euskal Herria se hayan visto obligados a asumir que, así como la imparcialidad de la Justicia se representa universalmente con una venda sobre sus ojos, en Madrid la Injusticia camina ya totalmente desnuda.

Como dejaba traslucir «El País» en su editorial de ayer, lo que más preocupa ahora a esos sectores es que en Europa señalen con el dedo al Estado español y proclamen a los cuatro vientos que la Justicia española corre desbocada por los pasillos del despropósito democrático. El artículo del diario madrileño, intitulado «Anulación de lista», tenía un clarificador subtítulo: «La falta de pruebas del auto del Supremo ofrece un flanco débil ante Estrasburgo». Así hacía referencia a la anulación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II-SP) al Parlamento Europeo, que tiene su sede en la misma ciudad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En esta ocasión han cubierto con tan pocos velos seudodemocráticos la injusta ilegalización de una candidatura que destacados medios y juristas no han podido pasar por alto que no hay nada que justifique la actuación contra II-SP, que ha incluido en su demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional la constatación de que «siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política, por ello expresan un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado democrático».

Si los tribunales españoles están presididos por la Injusticia, será difícil encontrar en ellos auténticos garantes de los derechos humanos, como es imposible otorgar el carácter de democracia a un estado en el que se restringe el derecho de sufragio, se da cobertura a la tortura, se vulnera la libertad de expresión...