Barcina será reprobada si no cesa en 60 días al jefe de la Policía Municipal
Yolanda Barcina puede pasar a la historia de Iruñea como la primera alcaldesa en ser reprobada por el Pleno. El motivo, dos años sin hacer caso a una instancia para que destituya al responsable de la Policía Municipal, Simón Santamaría. Ayer, todos los partidos de la oposición hicieron valer sus catorce votos frente a los trece de UPN, en una tensa sesión en la que concedieron un plazo de dos meses a Barcina para que acate la voluntad de la mayoría.
Aritz INTXUSTA |
El Ayuntamiento de Iruñea dio ayer un plazo de dos meses a Yolanda Barcina si no quiere convertirse en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad en ser reprobada por el Pleno. En una sesión tensa y sobre la que se había creado una gran expectación, NaBai, PSN y los dos concejales independentistas sacaron adelante una moción en la que exigen a la alcaldesa que cese al jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, quien presenció el debate entre el público. Barcina se juega la reprobación, primer paso para una teórica moción de censura, por desoír la instancia del Pleno el 21 de septiembre de 2007, que la conminaba a destituir al responsable de haber instaurado una «política del miedo» dentro del cuerpo policial.
La moción, acordada entre NaBai y PSN y que prosperó con los votos de ANV (que presentó una propuesta propia exigiendo el cese inmediato), fue defendida por Uxue Barkos, quien aseguró que la Policía Municipal de Iruñea «ha caído en el descrédito, tanto interior como exterior» por la «pésima gestión» de su jefe. Barkos esgrimió una denuncia por parte de un grupo de padres de niños de trece años de que pidieron amparo al Ayuntamiento tras la intimidación que recibieron sus hijos por parte de agentes municipales.
UPN: «Estamos orgullosos»
Maite Esporrín, por el PSN, lamentó haberse visto en la obligación de llegar hasta este extremo ante «la obstinación (de la alcaldesa) de no cumplir con la voluntad de la mayoría». A su juicio, Santamaría ha impuesto un modelo contrario a los «policías de barrio o de proximidad» y centró sus críticas en la cadena de irregularidades y escándalos en los que se ha visto envuelto el cuerpo en los últimos meses, como las camisetas con simbología violenta, los exámenes de ascenso, el absentismo laboral, las denuncias de la Comisión de Personal del Ayuntamiento y el gasto de 800.000 euros en horas extras. En este punto, denunció la opacidad del equipo de gobierno, que se niega a dar los nombres de dos agentes que han cobrado mil horas extras.
Mariné Pueyo responsabilizó directamente a Santamaría de la pose «prepotente» y los abusos de autoridad y las amenazas de sus agentes. Recordó que después de una década bajo el mando del jefe reprobado, los poli- cías municipales identifican a miembros de los colectivos populares a diario y que la media de multas a estas personas es de una cada cuatro días. Citó, además, varias amenazas e insultos escuchados a los agentes como: «Te voy a partir los dientes» o «Soy más navarro que tú, hijo de puta». Pueyo recordó el comportamiento de la Policía Municipal en el desalojo del gaztetxe Euskal Jai y de la represión de la campaña de Iruñerria Piztera Goaz, «cuyas imágenes avergüenzan a cualquiera».
Asimismo, la concejal defendió la necesidad de una reprobación inmediata a Barcina a raíz de la paliza que recibieron dos jóvenes el 3 de julio de 2007. Pueyo propuso abrir una investigación para depurar responsabilidades por este asunto
La concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Ana Elizalde, fue la encargada de tratar de defender la gestión de Santamaría. Definió todas las quejas del resto de formaciones como «infundio sin sustento» y dijo que su formación está «orgullosa» del trabajo del jefe de la Policía Municipal, «que tras un examen tan minucioso sólo pueden criticarlo por las horas extraordinarias». A su juicio, la gestión de Santamaría se ha traducido en «una disminución de las faltas, los delitos, los accidentes y los fallecidos en accidentes». La edil manifestó que prefiere el actual modelo de policía que el modelo de agentes de barrio que tilda de «rancio y obsoleto».
Sanfermines
En la sesión de ayer también se abordaron dos cuestiones concernientes a San Fermín: conceder a la plataforma Gora Iruñea la Taconera para que celebre los actos de su programa y garantizar que el euskara esté presente en San Fermín.
La primera no prospero porque el PSN se abstuvo, ya que había presentado una enmienda para exigir a la plataforma una condena de la violencia, que ni NaBai ni los concejales de la izquierda abertzale admitieron. En cuanto a la segunda, presentada por NaBai y a la que se añadieron enmiendas de Mikel Gastesi, sí que salió adelante con el apoyo del PSN. La moción propone que los Sanfermines sirvan de escaparate de la realidad bilingüe de la ciudad y que el idioma y la cultura vasca esté presente en su «txoko», pero también en el resto de escenarios que monta el Consistorio.
Los concejales del PSN, que anunciaron ayer en varias ocasiones a lo largo del Pleno su «divorcio» con Barcina, se vieron obligados a votar en contra de la moción que presentaron en favor de que Gora Iruñea!, para que ni siquiera se tramitara. El PSN decidió enmendar su texto, que consideraba válido el jueves pasado, para exigir a esta plataforma que aúna a diferentes colectivos -liderados por la Federación de Peñas de San Fermín- una condena para llevar a cabo su programa cultural en la Taconera. Sin embargo, por un error de procedimiento del PSN tuvo que votarse la enmienda por un lado y la moción por otro, con lo que se vieron obligados a tumbar su propia propuesta gracias a UPN. Poco después, el presidente navarro, Miguel Sanz, reconoció haber tratado este tema con el líder del PSN, Roberto Jiménez.
La exigencia de una condena, a los ojos del concejal de la izquierda abertzale Mikel Gastesi, no es más que «un chantaje a los colectivos» y una utilización contra las fiestas populares con actitud «de inquisidores y enfermiza».
Txema Mauleón, de NaBai, ironizó con la posibilidad de pedir también a Manolo Escobar una condena antes de su actuación en Sanfermines. Mauleón retó en varias ocasiones al equipo de Gobierno a «citar algún acto ilegal cometido por Gora Iruñea» y recordó que UPN «se ha tenido que tragar» las denuncias contra los olentzeros de los barrios, por lo que valoró que negar a Gora Iruñea ese espacio es una falta al «respeto de los derechos civiles y políticos» de la ciudadanía.
Endika Lakuei, presidente de la Federación de Peñas y portavoz de Gora Iruñea, aseguró, tras defender su programa en el Pleno, que la plataforma «seguirá trabajado, y si la resolución finalmente es negativa, hará todo lo posible porque las actuaciones salgan a la calle». A.I.
