El Tribunal Supremo español confirmó ayer la anulación de la ordenanza municipal de Azpeitia para la promoción y normalización del euskara, aprobada en diciembre de 2005, y acusa al Consistorio, gobernado entonces por el PNV, de «querer excluir el uso del castellano como lengua oficial» mediante esta norma. El fallo sentencia que ésa era «la finalidad real pretendida» por la ordenanza.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal español desestimó así el recurso presentado por el Ayuntamiento azpeitiarra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV), que or- denó la anulación de esta norma en marzo de 2007.

La ordenanza en favor del euskara fue aprobada 1 de diciembre de 2005 por los ediles del PNV, EA, PP y PSOE -es decir, por todos los grupos que tenían representación municipal entonces, ya que la plataforma popular Habea fue ilegalizada y no pudo concurrir en aquellos comicios municipales-.

La norma tenía como objeto posibilitar, promocionar, facilitar y garantizar el uso del euskara para permitir «su normalización plena en la realidad admi- nistrativa, cultural y en todo tipo de relaciones sociales en Azpeitia», como detalla su preámbulo. Para ello, la norma preten- día extraer las consecuencias jurídicas que garanticen su plena normalización tanto en el Ayuntamiento como en el ámbito municipal.

La ordenanza cuenta con 33 artículos que recogen diferentes aspectos para garantizar los derechos lingüísticos de los azpeitiarras, entre los que destacan medidas para la rotulación o disposiciones para garantizar el euskara en el ámbito jurídico o sanitario.

Pese a que la norma fue aprobada con la conformidad de todos los ediles del Consistorio, generó una gran repercusión en los medios de comunicación españoles, donde tachaban la norma de «contraria al castellano».

El fallo emitido por el TSJPV en marzo de 2007 criticaba que la normativa «imponía la utilización del euskara y excluía por completo el castellano», además de indicar que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia lingüística.

El alcalde de Azpeitia, Julián Eizmendi, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo español en contra del fallo, recurso que ha sido finalmente desestimado.