«¿Queréis que destruyamos nuestra casa y que, además, paguemos por ello?». Fatima Ghosheh se indigna. Obligada a destruir su casa en el este de Jerusalén, además tiene que pagar la demolición.

«Han llegado a las siete de la mañana para demoler», cuenta esta madre de cuatro hijos. «Nos han dicho que preferían hacerlo ellos mismos porque querían que les pagásemos», añade.

Según explica, el Ayuntamiento les ha dado la opción de derribar ellos mismos la casa o pagar 100.000 shekels (18.250 euros) por la demolición.

Numerosas familias palestinas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, bajo ocupación israelí, han recibido una orden similar del Ayuntamiento debido a que su casa fue construida o remodelada «sin autorización». Sin embargo, «presentamos una solicitud para la obra. El problema es que niegan sistemáticamente los permisos a los palestinos».

«Las construcciones sin permiso son ilegales», trata de justificar el Ayuntamiento de Jerusalén. La ONU afirma que en el este de Jerusalén se han aprobado 1.500 órdenes de demolición de casas palestinas.

Según el portavoz del alcalde Nir Barkat, elegido en noviembre de 2008, estas órdenes no «están dirigidas sólo a los palestinos, sino a todos los residentes y emplazamientos, de manera igualitaria».

«¡Por supuesto que hay discriminación!», responde Meir Margalit, del Comité Israelí contra la Destrucción de Casas. «Hay una discriminación clara y sistemática por parte de las autoridades políticas israelíes», exclama con indignación.

En teoría, los parámetros para distribuir los permisos para construir son los mismos para todos. Sin embargo, revelan que existe un plan para lograr territorio, por lo que los permisos para edificar en la llamada «zona verde» son sistemáticamente rechazados.

La mayor parte del este de Jerusalén se encuentra en esta zona, de la que está excluida el oeste de la ciudad, destaca Margalit.

Venta de casas de refugiados

Por otra parte, Israel está vendiendo propiedades de refugiados que se vieron obligados a abandonar sus casas en la Nakba, según denunció Adalah, una ONG que defiende los derechos de los palestinos en los territorios de 1948, que calificó esta medida como «el último ataque contra los derechos de propiedad de los refugiados palestinos». Junto a ello, incidió en que la venta de estas propiedades van contra la ley israelí e internacional.