La Junta Electoral Central adjudica finalmente 2.326 votos más a II-SP, que alcanza los 178.221
GARA |
La Junta Electoral Central proclamó ayer oficialmente los resultados de las pasadas elecciones europeas en base al recuento efectuado -al menos teóricamente- en las juntas provinciales. El reparto de escaños no varía.
De las listas que quedaron sin obtener representación, la más votada es Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad de los Pueblos, que según este recuento sumó un total de 178.221 votos.
Estos son 2.326 más que los que inicialmente le adjudicó el Ministerio del Interior en el recuento provisional. De todos ellos, 1.468 se sumaron tras revisar las actas en Euskal Herria y 858 en otros lugares del Estado.
Cabe recordar que en el recuento provisional se produjeron notables errores, adjudicándose votos de unas candidaturas a otras. Por ejemplo, en Amezketa el POSI se convirtió erróneamente en la fuerza más votada, cuando ese lugar le correspondía a II-SP.
Los apoderados de esta coalición de izquierda detectaron la existencia de irregularidades primero en algunos colegios electorales y después en los recuentos de las juntas electorales provinciales, denunciando que algunas habían incumplido con su obligación de recontar todas las actas.
Por todo ello, II-SP impugnó el escrutinio electoral y la JEC no ha admitido algunos de estos recursos. Los representantes legales de la candidatura anunciaron su disposición de llegar con sus re- cursos hasta las instancias europeas.
Defensa de Alfonso Sastre
Por otra parte, II-SP hizo público ayer un comunicado ante la campaña de criminalización que vienen padeciendo la candidatura y su cabeza de lista, Alfonso Sastre. Reitera en él su «compromiso absoluto con una salida pacífica, dialogada y política al conflicto vasco»
En cuanto a las demandas de ilegalización que se vienen escuchando, señala que «II-SP no tiene nada que esconder ni que ocultar», recuerda que como dictaminó el TC «cumple todos los requisitos legales», y apunta que «la cuestión es que el poder político y mediático en este Estado es incapaz de asumir su propia legalidad cuando ésta no está al servicio única y exclusivamente de sus intereses».