La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció en la edición de 2007 del estudio sobre las pensiones que su cuantía se redujo en un 25% en dieciséis años y que ese hecho arrastró a una pérdida de salario de los pensionistas de entre un 32,5% y un 41%, según los diferentes países. Sólo en el último período cayó en torno a un 12,5% por el efecto de la crisis, que ha reducido el patrimonio de los fondos de pensión en un 23%.

En la nueva edición del estudio, presentada ayer en París, confirma que un 13,3% de media de quienes perciben pensión se encuentran en situación de pobreza, a pesar de vivir dentro de los treinta países que componen el club de las economías más desarrolladas del mundo. La horquilla de la desigualdad y la pobreza va del 45% de los pensionistas de Corea hasta el 2% de Nueva Zelanda y de Holanda. Las pensiones en el Estado español generan pobreza entre el 23% de sus perceptores, ya que, según el análisis de la OCDE, perciben salarios por debajo del umbral de la pobreza. En el Estado francés, la soporta el 9% de los pensionistas, según explica el estudio «Análisis de las pensiones 2009».

El informe de la OCDE insiste en avanzar hacia un modelo más privado que público, pero, a la vez, reconoce que el sistema público está aguantando mejor los embates de la crisis que los mecanismos de los sistemas privados. De hecho, insiste en que los fondos de pensiones perdieron un 23% de su capitalización durante el año pasado, lo que significa casi cuatro billones de euros menos durante el pasado ejercicio económico.

Dudas sobre el futuro

Sin embargo, manifiesta que se deben producir reformas tanto en el sistema público como en el privado de pensiones. «La prioridad va, en particular, a un examen meticuloso del sistema público de jubilación con el fin de garantizar que ofrece una protección eficaz contra la pobreza. Porque, en algunos países, la crisis ha revelado que las redes de protección social eran muy insuficientes y que el tipo de pobreza era muy elevado entre los más ancianos». La jefa de la división de Políticas Sociales, Monika Queisser, reconoció que «hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base» a los pensionistas, pero, según añadió, también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para «garantizar la sostenibilidad a largo plazo».

El organismo internacional recomienda al conjunto de los países que lleven adelante reformas en los sistemas de seguridad social para que no colapsen la actividad económica pública en un futuro del que reconoce, por otra parte, no estar seguro de las consecuencias «porque no sabemos cómo va a evolucionar realmente el mercado de trabajo dentro de cuarenta años».

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, declaró en el debate del estudio que «los gobiernos deben proseguir las reformas de las pensiones con el fin de garantizar la viabilidad financiera y social de los sistemas de jubilación públicos y privados». A juicio de Gurría, el aumento del desempleo hasta el 10% en la OCDE, como está previsto para 2010, y la reducción de los ingresos fiscales «ponen a la hacienda pública ante una dura prueba, ya que las economías de la OCDE tendrán un déficit presupuestario por término medio de la renta nacional del 9% en 2010». La OCDE calla, sin embargo, que esa pérdida de ingresos de las arcas públicas se debe a la política neoliberal que los gobiernos más desarrollados están aplicando para beneficiar a la élite económica para que pague menos impuestos.

Más pobreza

Bajo ese análisis, el club de los países más desarrollados insiste en que «esa situación, derivada de la crisis económica y financiera y que se ha convertido en una crisis económica y social, apenas dejará la posibilidad a los gobiernos de efectuar una política de jubilación más generosa». Por lo que agregó que «las reformas deberían permitir una mejor reglamentación, una gestión más eficaz, una información transparente sobre los riesgos y el rendimiento de las distintas opciones, así como un cambio automático hacia inversiones menos aventuradas a medida que la edad de la jubilación se acerque».

Según Gurría, «al reformar hoy los sistemas de jubilación para volverlos accesibles y suficientemente sólidos para proteger a los particulares contra las fluctuaciones de los mercados, los gobiernos se ahorrarán muchas dificultades mañana sobre los planes financieros».

Edward Whitehouse, experto en pensiones de la OCDE, reconoció que los sistemas de pensiones privados se han visto perjudicados por la crisis, pero añadió que ese problema mundial se extiende al sistema público porque la caída del 23% del patrimonio de los fondos de pensiones, que sobrepasa esta tasa en Irlanda, Australia, Estados Unidos, Islandia y Bélgica, también ha provocado «un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores».

El experto del club de los treinta países más desarrollados señaló que sólo en el último año provocó una caída en los ingresos de los pensionistas en torno al 12,5%. A juicio de la OCDE, las rentas de ahorro, incluidas las pensiones privadas, representan por término medio «un 25% de las rentas de los pensionistas de la OCDE», por lo que la estrepitosa caída de los fondos privados ha generado, a juicio de Martine Durand, directora adjunta de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, que «numerosas personas perdieran una parte no desdeñable de su ahorro-jubilación invertido en planes de pensiones o en otros activos financieros».

Es por ello que la OCDE recomienda «reforzar temporalmente» las medidas de protección social con el fin de superar la crisis actual, aunque alerta de que «las presiones políticas a corto plazo ejercida sobre las autoridades públicas para que aporten una ayuda inmediata son considerables y van más allá de una simple prevención de la pobreza de los ancianos».

Hacia lo público

La OCDE reconoce, en el fondo, que la crisis económica ha puesto en primera línea la vulnerabilidad del sistema privado de pensiones, por lo que algunos países están variando sus estrategias, lo que preocupa a ese organismo internacional. «En varios países de la OCDE se elevan cada vez más voces a favor del abandono de los regímenes mixtos de jubilación o para un recurso exclusivo a un sistema público, como ya ha ocurrido en la República Eslovaca, que ha autorizado a los asalariados afiliados a los nuevos dispositivos de jubilación a reinstalarse en el régimen público».

También reconoce que «otras economías de Europa Oriental prevén volver de nuevo al servicio público». El informe, firmado por Angel Gurría y Martine Durand, concluye en este caso que «será necesario restablecer la confianza en el sistema de pensiones privado. La crisis ha puesto de manifiesto que es imprescindible modificar su funcionamiento. Si las autoridades fallan en este camino, los esfuerzos que han desplegado durante los últimos años para preservar la prosperidad de la sociedad que envejece, corren el riesgo de reducirse a nada».