El Parlamento de Gasteiz ha aprobado por unanimidad suspender la tramitación administrativa de los más de una docena de proyectos de centrales eólicas en curso. Nos alegramos, lógicamente, pues no en vano llevamos años mostrando nuestra disconformidad por el tratamiento que el anterior Gobierno y, en especial, el Departamento de Industria ha venido dando a todo lo relacionado con la energía eólica. Particularmente denunciable nos ha parecido siempre que las centrales hayan sido proyectadas en parajes incluidos dentro de la Red Natura 2000, considerada la espina dorsal de la protección de especies y espacios en Europa. ¿Qué sentido tiene declarar protegido un espacio si luego se autoriza la instalación en él de una central eólica, con sus molinos, pistas y tendidos de alta tensión?

Conocida la decisión del Parlamento, bueno será que repasemos cómo hemos llegado a esta situación, para intentar no cometer los mismos errores. Y, en este sentido, es inevitable recordar que ya el 14 de marzo del año pasado el Parlamento aprobó una proposición no de ley en virtud de la cual instaba al Gobierno a revisar y actualizar el Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Energía Eólica, aprobado en 2002. Asimismo, instaba a que la autorización de los proyectos en tramitación se ajustase a los requerimientos del Plan una vez revisado y actualizado.

El proceso de revisión quedó corto, pues se limitaba a adaptar el PTS a la nueva normativa surgida desde 2002. En cuanto a los proyectos ya en marcha, preveía revisarlos uno a uno para comprobar si cumplían o no esa nueva normativa.

Esta forma de actuar no purgaba los vicios de origen del PTS, entre ellos su no sometimiento a Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. Sin olvidar que el documento desconocía todo lo relativo a la Red Natura 2000 y su compatibilidad o no con infraestructuras de producción energética como las que promovía.

Lo que estaba claro es que el PTS original había caducado de facto. Y, sin embargo, sorprendentemente, el Departamento de Industria, en un acto que en su día calificamos como una cacicada, decidió adjudicar a distintas empresas proyectos de centrales eólicas emplazados en espacios incluidos en la Red Natura 2000. De este modo, el tripartito y, en particular, el PNV nos colocó en una situación de esquizofrenia e inseguridad jurídica que ha tenido su punto culminante en el sometimiento a información pública del estudio de impacto ambiental de los proyectos de Gazume, Arkamo y Cruz de Alda. La resolución que acaba de aprobar el Parlamento viene a neutralizar estas actuaciones, aunque seguramente no evitará que tengan consecuencias para el erario público.

La citada revisión del PTS eólico se realizó sin tener en cuenta el procedimiento legalmente establecido, de forma ocultista y dando la espalda a la participación pública, sin olvidar el papelón representado por IKT, empresa encargada de la cuadratura del círculo y cuya credibilidad, a nuestro juicio, ha resultado irreversiblemente dañada.

El edificio normativo hace aguas por todas partes, ya que la Estrategia Energética de Euskadi 2010, de la que es deudor el PTS, no responde a las figuras contempladas ni en la Ley ni en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la CAPV, carece en su tramitación de la obligada participación pública e incumple el mandato de las DOT de realizar un PTS de la Energía, del que la eólica no sería sino una parte. La incapacidad y la dejación de funciones del Gobierno ha hecho que la obligada revisión de estas últimas, las DOT, se haya postergado sine die, creando una especie de sensación de territorio comanche donde todo vale.

Nos congratulamos de que el Parlamento, después del ridículo de su decisión de marzo de 2008 y de la nefasta gestión del tripartito, se haya decidido por fin a solicitar la paralización de proyectos y la revisión del PTS eólico, pero le animamos a que dé un paso más y se enfrente a la verdadera labor que tiene delante: la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y la redacción de un verdadero PTS de la Energía, tal y como establece su propia legislación. Todo ello huyendo de la tentación de hacer de estos documentos meros envoltorios legales de decisiones previamente adoptadas en otros ámbitos y tomando como base un debate abierto, sin apriorismos, que permita lograr un consenso social lo más amplio posible sobre un elemento central del desarrollo de las sociedades modernas como es la energía.