El financiero de impecable reputación a quien durante 30 años particulares adinerados, organizaciones caritativas y bancos de prestigio confiaron 13.000 millones de dólares en inversiones, podría ser condenado a 150 años de cárcel.

El pasado 12 de marzo, Madoff se declaró culpable de los 11 cargos presentados en su contra, incluyendo fraude, perjurio, lavado de dinero y robo. Espera el veredicto de hoy en una cárcel de Manhattan. Ante el tribunal, declaró que nunca invirtió un solo centavo de las sumas que le confiaron.

El escándalo estalló el 11 de diciembre pasado. Un comunicado lacónico de la fiscalía de Nueva York y la policía federal (FBI) anunciaba la detención del famoso financiero de Wall Street, ex presidente del directorio del Nasdaq y presidente de la Bernard Madoff Investment Securities (BMIS).

Millonario venerado por la élite financiera y judía de Nueva York, Long Island (a las afueras, en el este) y Palm Beach (Florida), Bernard Madoff había reunido la víspera a sus dos hijos Mark y Andrew para anunciarles que estaba «terminado y en bancarrota tras perder 50.000 millones de dólares», según la fiscalía. La cantidad equivale al dinero invertido por sus clientes más los intereses conseguidos que resultaron ser ficticios.

Fraude piramidal

La estafa de Madoff consistió en montar un «esquema Ponzi», ofreciendo inversiones con rentabilidad inusualmente alta y financiada con los fondos de los inversores más recientes. Cuando a raíz de la crisis financiera una cantidad importante de clientes quiso recuperar dinero en efectivo, el engaño saltó a la luz y el fraude piramidal se desmoronó como un castillo de naipes.

Los hijos, que trabajaban a su lado en otra correduría de actividades legales situada en el mismo edificio del Midtown en Nueva York, pero en un piso inferior, llamaron a la policía, que acudió para detener a Madoff.

El monto de la estafa declarado por Madoff, superior al PIB de Luxemburgo, no tenía precedentes y provocó una conmoción en la opinión pública que fue creciendo con el paso de los días y las semanas siguientes. En detención domiciliaria en un lujoso ático del exclusivo Upper East Side (noreste de Manhattan), el ex ídolo de Wall Street pudo leer en la prensa cómo el resto del planeta se enteraba de la envergadura del desastre: sus clientes estaban por todas partes, desde el Banco Santander, en el Estado español, a la fundación Elie Wiesel, en Estados Unidos, estrellas de Hollywood o simples jubilados que le confiaron ahorros ahora esfumados.

En total, según una estimación de la fiscalía, le confiaron 13.000 millones de dólares. Las cifras de entre 50.000 y 65.000 millones -citadas la primera por el propio Madoff y la segunda por la prensa- se refieren a las supuestas ganancias que deberían haber generado las inversiones, si los jugosos intereses prometidos hubiesen sido reales. Entre las víctimas, los jubilados en quiebra han sido los más virulentos. Inundaron el tribunal de correos electrónicos, reclamando la cadena perpetua y en las peores condiciones de detención posibles.

El fideicomiso encargado de liquidar sus bienes intenta encontrar dinero para indemnizar a los inversionistas estafados. Sólo ha logrado identificar mil millones de dólares confiscándole varios bienes, incluyendo mansiones y yates en Palm Beach o en el sur del Estado francés, joyas y cuentas bancarias.

Pide clemencia

El abogado del estafador pide por su parte clemencia. En una carta al juez solicitó que su cliente sea condenado a sólo 12 años de cárcel, apenas un año menos que «los 13 años que le quedan de vida», en base a las estadísticas oficiales estadounidenses de esperanza de vida.

Al admitir su culpabilidad, evitó un juicio ante un gran jurado. El público que asista mañana al tribunal federal del distrito sur de Nueva York se limitará a escuchar las declaraciones de un número reducido de víctimas y, sobre todo, la sentencia del juez Denny Chin, desenlace del juicio penal.

Luego le esperan otras instancias civiles. El proceso para determinar la responsabilidad civil de Madoff y en qué medida debe restituir a sus víctimas se promete complejo. En la audiencia no se sabrá el monto que deberá devolver: la justicia declaró ser por el momento incapaz de evaluarlo de forma precisa. Por ello los fiscales pidieron un plazo adicional de 90 días, tras el cual «el tribunal ordenará la restitución del dinero o decidirá que la misma es imposible».