Trabajadoras sociales del Servicio contra la Exclusión Social, representantes del comité de la Diputación de Bizkaia y diferentes colectivos contra la exclusión social se concentraron ayer ante el Palacio de la Diputación de Bizkaia para denunciar el atasco que se está produciendo en las solicitudes de ayudas económicas cursadas por las familias afectadas por la actual crisis económica. La movilización exigió unos servicios sociales públicos de calidad y que atiendan de forma inmediata a las familias vizcaínas. Según estos colectivos, en la actualidad se encuentran atascados 3.000 expedientes, de otras tantas familias que han solicitado la renta básica, los estímulos al empleo o el complemento de pensiones para hogares que se encuentran en paro, con empleos en precario o percibiendo algún tipo de pensión. Según cálculos de Lakua, 23.000 hogares vizcaínos pedirán algún tipo de prestación a lo largo de los próximos meses debido al agudizamiento de la crisis y el agotamiento del subsidio del paro. Además, 557 familias vizcaínas perdieron sus casas por embargo en 2008.