Una sentencia del Tribunal de Estrasburgo contraria a las prácticas ilegalizadoras del Estados español hubiera supuesto una verdadera revolución y de ser obedecida -lo que ni es obligatorio ni costumbre de Madrid- hubiese obligado a reconsiderar las consecuencias de la Ley de Partidos. Pero no había ni siquiera entre los demandantes esperanza de que esto fuera así. Quiso la casualidad que ayer mismo se publicara una entrevista con Shanti Kiroga en la que el concejal independentista navarro afirmaba textualmente: «Quiero dejar clara una cosa. La decisión del Supremo y del Constitucional fue política, y la decisión que se adopte en ese tribunal de Europa será también política. Son conocidas qué presiones están haciendo [desde el Estado] por todas las vías para que salga una sentencia a su favor». Y el fallo, como había previsto Kiroga, ha sido favorable a Madrid y, por lo tanto, a efectos prácticos no altera nada lo ya conocido, salvo el tener el certificado de que la defensa de las libertades y los derechos elementales está también en retroceso en las instancias europeas, donde el peso de los estados sigue siendo determinante.

En cualquier caso, las esperanzas de superar la actual fase de confrontación no pueden estar puestas en lo que dicten los tribunales europeos, ni tampoco en que esporádicamente puedan superarse las trampas y obstáculos que las sucesivas instancias ilegalizadoras españolas puedan poner a una determinada candidatura. Lo que hay que hacer es agitar el tablero. La izquierda abertzale está analizando y debatiendo la fórmula con la que superar el bloqueo que en estos momentos se padece; no para ver cómo se puede plantear una lista legal en las próximas elecciones municipales y forales, sino -yendo al fondo- para articular una estrategia eficaz que permita avanzar políticamente al independentismo vasco.