La Italia de Silvio Berlusconi aprobó ayer definitivamente la controvertida ley de seguridad que endurece su arsenal antiinmigración, un proyecto prioritario para el multimillonario primer ministro que fue puesto en marcha hace más de un año, tras su vuelta al poder, y que, entre otras cuestiones, convierte a la inmigración irregular en delito. Duramente criticada por la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Vaticano, la ley fue aprobada ayer en el Senado gracias al voto de confianza, un procedimiento acelerado que evita el debate en el Parlamento.

Esta norma tipifica como delito la inmigración irregular. No se castigará con penas de prisión -la superpoblación carcelaria obligó al Gobierno a dar marcha atrás-, pero sí con multas de entre 5.000 y 10.000 euros y la expulsión inmediata.

Sin llegar a convertir a este fenómeno en un delito, otros estados europeos, como el francés y el griego, ya adoptaron medidas similares.

La ley eleva el tiempo de retención de los inmigrantes en los centros de reclusión de dos a seis meses y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas, lo que pude desarrollar el fenómeno de los «niños invisibles» ante el riesgo de que algunas madres no puedan inscribir en el censo a sus hijos. Esta disposición, que implicará que esos niños puedan ser adoptados al no estar reconocidos, fue duramente criticada por la ONG Tierra de Hombres de Italia, que denunció que privará a «los niños extranjeros de los derechos más elementales».

El texto fija una tasa de entre 80 y 200 euros para quienes soliciten permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de obtener la nacionalidad, y endurece los requisitos para lograrla por matrimonio. Prevé, además, entre seis meses y tres años de cárcel para quienes alquilen una vivienda a inmigrantes en situación irregular y obliga a los funcionarios públicos a denunciarlos.

El proyecto legaliza, por otro lado, las patrullas ciudadanas con el pretexto de combatir la criminalidad, lo que la oposición ha calificado de «una vuelta a la lógica de las leyes raciales del tiempo de Mussolini».

Ineficaz para la seguridad

La senadora del Partito Democratico (PD) Anna Finocchiaro afirmó que la ley «no tendrá ninguna eficacia sobre la seguridad y viola seriamente los derechos de los inmigrantes, a los que confiamos nuestros familiares más queridos». «El precio que el Gobierno paga a la Lega Nord va a causar daño al país», criticó Dario Franceschini, secretario del PD. Añadió que «no se destinan mas recursos a las fuerzas de seguridad y se aprueban medidas como el delito de clandestinidad, que corre el riesgo de saturar de trabajo a los jueces y de llenar las prisiones, sin que sea un obstáculo para la criminalidad que explota a la inmigración clandestina».

Según la responsable de inmigración de la organización católica Sant'Egidio, Daniela Pompei, «gran parte» de los empleados por familias italianas para ocuparse de las personas mayores o niños son inmigrantes. «Con esta ley se introduce la idea de que ser inmigrante y clandestino es ser delincuente. Este texto va a crear muchas dificultades a las familias italianas y a los inmigrantes», aseguró. Sant'Egidio calcula que en Italia hay entre 400.000 y 500.000 inmigrantes en esta situación.

La aprobación de la ley suscitó incluso las críticas del Vaticano. El presidente del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Inmigrantes, monseñor Antonio Maria Veglio, señaló que «los inmigrantes tienen el derecho de llamar a nuestra puerta. Basta de demonizar y criminalizar al extranjero. La llegada de inmigrantes no supone un peligro. Es un error atrincherarse dentro de sus propios muros (fronteras)». El secretario del Consejo Pontificio, monseñor Agostino Marchettto, afirmó que «la nueva ley conllevará mucho dolor y dificultad».