El Consejo de Ministros no decretará en su reunión de mañana el cierre de la planta nuclear de Garoña. Ésta era una de las opciones que tenía sobre la mesa el Gobierno del PSOE, que no podía aplazar más su decisión porque este domingo concluía la licencia que permitía a Nuclenor (empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa) mantener su funcionamiento y, al mismo tiempo, obligaba a su cierre en 2011.

Sin embargo, el Ejecutivo español ha optado por prorrogar la vida útil de la central hasta 2013, fecha que no supone un límite definitivo, puesto que la licencia se podría volver a ampliar en cualquier momento con una simple orden ministerial que cuente con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y, precisamene, este órgano se pronunció a principios de junio a favor de ampliar el funcionamiento hasta 2019 a condición de que la central invierta 50 millones de euros en la renovación de sus instalaciones. Además, el líder del PP, Mariano Rajoy, ya adelantó ayer mismo que, en caso de que su partido alcance el poder tras las elecciones previstas para 2012, la prórroga está asegurada.

Por tanto, Garoña seguirá batiendo récords negativos dentro de la historia de las centrales nucleares: sólo hay dos plantas más antiguas en funcionamiento en todo el mundo, una en Inglaterra y otra en EEUU; es la única que utiliza tecnología de primera generación en el Estado español; en 2008 sólo produjo el 1,4% de la electricidad del Estado mientras que generó un 50% más de residuos de alta actividad que las otras centrales y entre cuatro y cinco veces más de residuos de baja o media actividad; y, como resulta evidente repasando los precedentes de los últimos años, seguirá acumulando partes de incidencias y paradas no programadas.

Aunque las presiones para prorrogar la vida de Garoña se habían acentuado en las últimas semanas tanto por parte de las empresas eléctricas como del PP, lo cierto es que el cierre de esta central no supondría un hito, sino que seguiría una lógica ya implantada hace muchos años en el Estado español. La parada definitiva de la central de Zorita -inaugurada en 1968, apenas tres años antes que la de Garoña- se produjo en 2006 y la de Vandellós I -un año más joven que la burgalesa- fue clausurada en 1989 tras un «incidente importante», de nivel 3 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (ESNA).

Buscando la equidistancia

Antes de que su ministro de Industria, Miguel Sebastián, hiciera pública la decisión a media tarde, Zapatero quiso situarse en una posición equidistante entre los sectores que continúan reclamando el cierre y quienes abogaban por la prórroga. «La decisión será criticada desde un lado y desde el otro», auguró el presidente español intentando colocarse en una cierta equidistancia.

Poco después de sus palabras, las primeras filtraciones ya dejana entrever que 2013 era la fecha elegida por el Gobierno del PSOE, en concreto, para el mes de julio de ese año. Una decisión que la confirmaba horas más tarde, en una multitudinaria rueda de prensa, el ministro de Industria, quien esgrimió someramente los argumentos que han llevado al Ejecutivo a esa prórroga, de carácter económico, energético e, incidió, de cumplimiento del programa electoral de su partido, que dijo, estuvo respaldado por 11 millones de votos.

Lo dicho por Miguel Sebastián no sorprendió, pero sí había interés, y mucho, por saber si un futuro gobierno podría revertir ese final para Garoña y alargar de nuevo la vida de la planta, tal y como planteó por la mañana el líder del PP, Mariano Rajoy. Hasta en dos ocasiones fue preguntado y en ambos casos respondió con la misma frase: «El escenario al cual usted se refiere no se contempla». ¿Y por qué? Porque la decisión tomada comprende las medidas y pasos que la propietaria Nuclenor debe ir tomando en estos próximos cuatro años para en 2013 apagar el botón de la planta.

Pero si en algo insistió el titular de Industria, como también el de Trabajo, que le acompañó en su comparecencia, fue en tratar de convencer a «ese millar de personas» que perderían su puesto de trabajo y a la comarca burgalesa donde se enclava la instalación, de que a partir de hoy el Gobierno se pondrá a trabajar para dar soluciones a cada uno de esos trabajadores y para apostar por iniciativas industriales y políticas de subvención para la zona. «El futuro de los trabajadores de la central y de la comarca es lo que más ha pesado en nuestra decisión», llegó a aseverar. «Este Gobierno no les va a olvidar», concluyó su comparecencia el ministro Sebastián.

Precisamente, a quienes más directamente se dirigieron los dos ministros de Zapatero, les contestaron rápidamente con el anuncio de nuevas movilizaciones. El propio comité de empresa de la central advirtió de que el anunció «está invitando» a una huelga de la central.

Variadas reacciones vascas

Las reacciones a esta resolución no se hicieron esperar. Fuentes del Gobierno de Lakua se limitaron a asegurar que el Ejecutivo «acepta» la decisión, ya que es Madrid quien «tiene la competencia», sin querer entrar a valorar la fecha de cierre marcada.

Para el grupo juntero de la izquierda abertzale en Juntas Generales de Araba, la decisión «es una muy mala noticia pero no una sorpresa. A fin de cuentas, el respeto a la voluntad popular no ha sido nunca una marca de los distintos gestores del estado». Se han aprobado en la Cámara alavesa hasta ocho mociones solicitando la paralización de la actividad de la central. «Sin embargo esos textos se están convirtiendo en brindis al sol por la falta de compromiso, cada vez mayor, a la hora de endurecer posiciones para condicionar la decisión última sobre su prórroga», denunció, al tiempo que avanzó iniciativas dirigidas al Gobierno foral del PNV sobre qué medidas adoptará.

Precisamente, el portavoz del PNV en la Comisión de Industria del Congreso, Pedro Azpiazu, habló ayer de «solución intermedia» y se refirió a la decisión en términos como «salomónica, esperable y prudente», aunque evidenció su verdadera valoración al decir que «puede ser una salida». Curiosamente, otro diputado jelkide, Emilio Olabarria, tildó de «decepcionante» la noticia y pedirá explicaciones por la contradicción del PSOE.

El coordinador general de EB, Mikel Arana, afirmó, en cambio, que la noticia supone «el primer varapalo» del Gobierno español a su homólogo de Lakua. Además, criticó que Zapatero «ha mentido sin complejos a la ciudadanía y al electorado, ya que en su programa electoral prometió cerrar Garoña en 2011».

En parecidos términos se expresó la responsable de Comunicación de EA, Ikerne Badiola, que aseguró que se ha «desautorizado» al PSE y al Ejecutivo de López. También subrayó que Zapatero «se ha vuelto a plegar a los intereses de las compañías eléctricas», insistiendo en que Garoña «no ofrece las garantíás necesarias».

Aralar también opinó, por boca de su diputado alavés Dani Maeztu, que «se han plegado a los intereses del lobby energético» y que la decisión «no tiene lógica y es una contradicción constante».

Nuclenor anuncia acciones

Respuestas contrarias a la decisión del PSOE a las que se sumaron de forma unánime los grupos y colectivos ecologistas estatales. Hubo alguno que hasta llegó a pedir la dimisión del presidente español, con lo que se constata que el «crédito verde» de Zapatero al que hacía alusión Greenpeace el día previo ha entrado desde ayer en números rojos.

Críticas que le llegaron a Zapatero también desde el otro lado, aunque por distinto motivo. Tanto que la propietaria de Garoña, Nuclenor, anunció que ejercerá «cuantas acciones legales puedan corresponder» para evitar el cierre de la instalación. Lo anunció el propio director de la planta, José Ramón Torralbo, en rueda de prensa. Habló de una situación «insólita e inédita» y de una decisión «arbitraria y carente de justificación», defendiendo la seguridad y modernidad de la central.

En la zona directamente afectada por la noticia, sabido el rechazo de los trabajadores, las reacciones entre los vecinos de los pueblos del Valle de Tobalina que acoge la central se suponían tan variadas como en los días previos. Quien sí se mostró muy crítico con la decisión fue el alcalde de este municipio, Rafael González Mediavilla (PP), quien aseguró que «ningún plan» podrá absorber todos los puestos de trabajo que se puedan perder. «No contentan a nadie», añadió.

La propia Junta de Castilla y León respondió que el acuerdo tomado por el Gobierno español es un «capricho» del presidente y su decisión «salomónica», la peor de todas.

Y entre quienes tampoco ha gustado la decisión de Zapatero, cómo no, el Foro Nuclear, que ha calificado el plazo hasta 2013 como un «grave error y una irresponsabilidad», ya que insistió en que afectará a las producción eléctrica y al medio ambiente. Y prosiguió también con su consabido discurso de que se incrementará la factura de la luz, para defender la validez de Garoña.

Endesa prefirió esperar a conocer el contenido completo de la orden ministerial que se hará pública hoy, pero adelantó que «una país moderno no puede prescindir de esta fuente de generación».