Peio González, diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, anunció el miércoles de la semana pasada que su Departamento pondrá en marcha a partir de setiembre un servicio telefónico para que los guipuzcoanos «puedan participar e involucrarse en la lucha contra el fraude, denunciando anónimamente posibles irregularidades en materia fiscal» que adviertan en su entorno. El anuncio enseguida copó los titulares de ese día, pero también fue recibido con suspicacia por no pocas personas.

Sin entrar en valoraciones que vayan más allá del tema del «teléfono anti-fraude», desde los sindicatos LAB y ELA han calificado la medida de «broma». Preguntados por GARA, ven en el anuncio un modo de frivolizar sobre el problema y un ejercicio de «dejación de competencias», así como, en un plano más general, un intento de querer dar la imagen ante los medios de comunicación, y a través de ellos ante los ciudadanos, de que se combate el problema, ocultando la falta de voluntad, de la Hacienda para no hincarle el diente al problema de fondo.

El economista Isidro Esnaola también observa detrás de este proyecto una vía para no renunciar «a unos intereses económicos y políticos» que representa la Diputación y que, a su juicio, «no quiere tocar». Esnaola afirma que con el anuncio de esta iniciativa la Diputación intenta desviar el problema real del fraude. «Quieren dar a entender que el problema del fraude fiscal se trata de una factura sin IVA» apunta, «cuando en realidad el problema se da a nivel de empresas, a nivel de gente con mucha capacidad económica», y que en opinión de Esnaola, las instituciones quieren esconder.

Problema de voluntad

En este sentido, señala que la Diputación «no tiene interés real en combatir el fraude fiscal». Recuerda que desde 1998 hasta 2003 en las Juntas Generales de Gipuzkoa hubo una comisión para analizar el fraude fiscal. «La discusión con los responsables de la Diputación era siempre la misma», relata. «Cuando se les planteaba dejarse de las cositas pequeñas e ir a tapar los agujeros que permite la ley para que las grande fortunas hagan fraude, los representantes de la Hacienda siempre decían lo mismo; bueno eso es muy complicado, eso vamos a dejarlo».

Es por ello que no duda en afirmar que el problema del fraude fiscal no es un problema de falta de instrumentos o de incapacidad, sino que «es un problema político. No tienen voluntad política para luchar contra el fraude».

Reforzando la idea de la falta de voluntad, desde LAB señalan que el Estado español y también la CAV son de los lugares de la Unión Europea donde menos se gasta en la gestión de cobro e inspección de la fiscalidad. «Ese es el problema», explican y añaden «hay que poner recursos, personas, medios y aumentar la inspección. Y esa es competencia suya, no pueden hacer dejación y ponerla en manos de la ciudadanía en general». Mikel Noval, responsable de Política Social de ELA, es contundente al afirmar que «la Diputación no tiene voluntad política de luchar contra el fraude fiscal». También él hace referencia a los datos del nivel de inspección, que «apenas llega al 1% de los contribuyentes que no son de rentas del trabajo», y señala que eso da a lugar a que «por ejemplo, en el Impuesto de Sociedades alrededor de un 50% de las empresas que declaran dicen no tener beneficios».

Sobre la medida del servicio telefónico, Noval señala que «evidentemente la Diputación ya sabe dónde hay fraude, sabe que hay un fraude generalizado entre las rentas que no son de trabajo, y para eso no hace falta ningún teléfono, lo que hace falta es voluntad política para perseguir el fraude». El fraude, no obstante, es una realidad, pero también lo es la no recaudación voluntaria. Isidro Esnaola explica que hay instituciones de ahorro, bancos, cajas de ahorro y bufetes de abogados especializados en buscar la rentabilidad financiero-fiscal, con operaciones centradas en «evadir impuestos». «Eso es un síntoma del problema real del fraude. Es un problema que haya facturas sin IVA, pero la gente que maneja dinero y poder son los que no pagan», apunta.

¿Y como lo hacen? Según este economista, hay formas de proceder legales, y otras que son, «grises», aunque permitidas por la legislación. Sería el caso de personas con altos sueldos que en vez de cobrarlos personalmente crean una empresa y su sueldo lo cobra la empresa. De esa forma, en vez de pagar el IRPF paga el Impuesto de Sociedades que es más bajo. «Esa es la zona gris que se permite, y ese es un ejemplo, pero hay cien mil», explica.

LAB insiste en que el fraude fiscal del Estado español es uno de los mas altos de la Unión Europea. Por ejemplo, señala que en las haciendas vascas las rentas del trabajo como media tributan en torno a los 20.000 euros, y las rentas empresariales y profesionales 13.000. «Esa sí que es una fuente de fraude, y no se preocupan de analizarlo».

La central abertzale también opina que el problema de «todas esas empresas que hacen contabilidad creativa, las sociedades interpuestas, la economía sumergida, la bajada del impuesto de sociedades...» no lo van a solucionar los ciudadanos llamando por teléfono. «Da la sensación de que es sacar conejos de la chistera para ocultar el problema de fondo y para no hincar el diente a problemas reales», opina. Pero las consecuencias de esas políticas son reales. LAB denuncia que el punto de partida actual cara a los presupuestos sea la llamada a ajustar gastos por la falta de ingresos. «Las rentas del trabajo están penalizadas en relación a las rentas del capital», afirma. «Y parece que eso es un tabú -agrega-, que no se pueden tocar las políticas impositivas» para darle la vuelta a la situación.

El hecho de «convertir esta medida en la más importante de un plan contra el fraude», muestra, a entender de Mikel Noval «que simplemente se trata de frivolizar con una cuestión fundamental que afecta a cuestiones esenciales de justicia social, justicia fiscal y redistribución de la riqueza».