La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un dictamen que será debatido en el Pleno del CGPJ el próximo 23 de julio, por el que recomienda que los progenitores de una menor deben ser informados por el centro sanitario en caso de que menores de edad soliciten abortar. Rápidamente, las asociaciones de Mujeres Juristas Themis y de Mujeres Progresistas tildaron la idea de «absurda» e «incongruente».

La Comisión aprobó ayer el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el Gobierno español, por tres votos a favor y dos en contra. El informe, preceptivo pero no vinculante, recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, aunque no requiera su consentimiento. Ante este hecho, desde Mujeres Progresistas aseguraron que de ser así, sería «incongruente», ya que permitiría a la familia ejercer «su capacidad de influencia» sobre la decisión de su hija, al tiempo que empujaría a la mujer a practicarse el aborto en el extranjero o de forma clandestina, «poniendo en riesgo su vida».

Sin embargo, valoraron de forma positiva que el informe recoja la necesidad de crear un Registro de Objetores de Conciencia de Profesionales Sanitarias, para que con «carácter previo» los centros hospitalarios puedan conocer y garantizar la práctica de IVEs en su servicio sanitario.