Nunca deja de sorprenderme la moldeabilidad de algunos personajes públicos. Siguiendo la máxima de que «el cliente siempre tiene razón», otean el horizonte, le toman la medida a lo que -en su opinión- puede agradar al que paga, y lo reproducen con sello personal. En fascículos, ruedas de prensa, artículos de opinión o, como es el caso, en forma de Informe de Atención Institucional a las Víctimas del Terrorismo. Iñigo Lamarca, ex profesor de la UPV y actual Ararteko en la CAV, se ha despachado a gusto en las más de setecientas páginas de las que consta el informe que él mismo suscribe. No por conocidas algunas de sus aseveraciones dejan de ser llamativas y preocupantes. Sería de mal gusto y poca responsabilidad cívica ignorar o infravalorar las realidades y sufrimientos que se desgranan en el citado dossier. Incluso cuando incluya cifras, como las de amenazados, y porcentajes, como el de adolescentes que no rechazan a ETA, más propias de la cocina grasienta del Euskobarómetro de Paco Llera que de un informe «independiente».

Sin entrar en el fondo y verificabilidad de todo lo que constata el Ararteko en su estudio, e incluso dándolo por respetable desde la óptica de quienes padecen ese tipo de violencia o amenazas, lo que quiero denunciar como escandaloso es el trasfondo de su ejecución y difusión. Iñigo Lamarca es responsable de sus asertos, pero también de sus omisiones, y ahí es en donde ha alcanzado una nueva marca en la escala de la indignidad.

Después de cinco años gestionando un equipo con 48 personas designadas en funciones de asesoría, cierra el ciclo de su mandato con un informe extraordinario que da voz a algunas víctimas, a sus familiares y las organizaciones que las representan. Es, por decirlo de alguna manera, la gran aportación de Iñigo Lamarca a la búsqueda de la verdad, a la memoria y a la justicia con una dimensión pública no meramente individual. Posando junto a su adjunta y a Arantza Quiroga, exhalaba su último aliento institucional, y lo hacía para presentar el informe y las recomendaciones definitivas relativas al pasado, el presente y el futuro de la atención a las personas que han sufrido las consecuencias de la violencia política en nuestro país. Yo diría que se sintió cómodo en ese traje hecho a medida. Congratulado tras un lustro hablando a medias.

En todos estos años, apenas ha tenido tiempo para dedicarlo a las decenas de miles de personas ignoradas en ese informe. Yo no voy a ser tan presuntuoso y ridículo como el Ararteko para cifrar el número de personas que se siente amenazada por la violencia policial, institucional y judicial de los estados. Tendría que pararme a contar personas torturadas, secuestradas, amenazadas, sin derecho a la representación política, desaparecidas, muertas por la acción policial o parapolicial, extorsionadas, detenidas, rematadas en prisión o encarceladas de por vida... Iñigo Lamarca sabe de su existencia, y del caudal de sufrimiento e injusticia que traen consigo. Por eso es gratuito recordárselo. El cretinismo moral que empapa algunas de sus recomendaciones es la prueba más palmaria de que Lamarca tiene casi tanta información como hipocresía.

Cuando se refiere al ámbito de su informe alude «a todas las víctimas de los grupos terroristas que han operado u operan en el País Vasco», para añadir a renglón seguido que ETA tiene un protagonismo especial en el informe «por ser la autora de la inmensa mayoría de los asesinatos que ha habido y por ser el único grupo terrorista en activo». Me pregunto si se ha dirigido el Ararteko a la familia de Jon Anza, o si, por su condición de «victimario», su desaparición y más que posible muerte desliga ese suceso de su atención. No hay duda de que quien decidió hacerlo desaparecer está plenamente activo.

Por otra parte, el transcurso del tiempo, ¿mitiga la gravedad de las atrocidades cometidas por los estados? Curiosa teoría, más todavía teniendo en cuenta que un porcentaje elevadísimo de las muertes y heridos producidos por los aparatos oficiales o clandestinos de España y Francia están pendientes de reproche institucional, juicio, condena y reconocimiento o reparación para sus víctimas y deudores. Ni el parlamento vasco, ni el Ararteko, ni los ayuntamientos de muchos pueblos regados con la sangre de manifestantes, militantes ejecutados a sangre fría, han dedicado una plaza o una línea del acta del pleno a recordar a sus convecinos. La desmemoria de no pocos regidores, la burla y el escarnio contra el sufrimiento ajeno expresados por el hoy consejero Ares en la Comisión de Derechos Humanos del parlamento de Gasteiz (Informe presentado por Jon Mirena Landa el 24 de junio de 2008), son los antecedentes directos del trabajo de Lamarca.

En nombre de la dignidad, el Ararteko propone la eliminación de pintadas y carteles en favor de ETA que resulten humillantes para sus víctimas. Igualmente propone la retirada de las placas y los monumentos en homenaje a los «victimarios». Sin embargo, en nombre de la memoria aconseja la promoción en todos los municipios, y necesariamente en los que se haya producido una victimación terrorista, de calles o instalaciones públicas en su memoria. Es lo que viene impulsando esa constelación de organizaciones de extrema derecha como «Dignidad y Justicia» desde hace tiempo, empeñada en arrancarnos la memoria incluso de las lápidas de los cementerios.

¿Está esperando a su reelección para recomendar que se dediquen fragmentos de la memoria pública a los obreros asesinados en Gasteiz en 1976? ¿Para cuándo una calle en su propia ciudad, señor Lamarca, para Iñaki Kijera, Mikel Salegi o Rosa Zarra? En ningún caso pueden ser tenidos por «victimarios», pero no encuentran ni espacio en su informe ni placa oficial en el callejero. Y así cientos. ¿Sus familiares no merecen ser confortados en igual medida que otros? Si la memoria histórica es el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto, con responsables institucionales como Iñigo Lamarca el currículo educativo en Euskal Herria incluirá las asignaturas de «impunidad policial» y «sectarismo histórico».

Como bien habrá apreciado el lector, yo también soy un adulto por «reeducar» al estilo Lamarca. De ese 15% de la población, prescindible, que canta con los ojos húmedos la canción en recuerdo de Saseta y Txikia: Geroari esaiok olatuetan, herri-izarrak ez direla itzaltzen, gure haurrek biharko ikastoletan haien izenak abestu ditzaten, Herriarentzat biak hil bait ziren. Y sí, me preocupa que mi hijo crezca jugando en una plaza rebautizada con el nombre de Carrero Blanco, Melitón Manzanas o vaya usted a saber; pero lo que realmente me ocupa es superar este presente envenenado.

Y en la resolución de cualquier conflicto la recuperación de la memoria histórica es un elemento fundamental. Mientras Iñigo Lamarca se esfuerza, en el año en que se agota su mandato, por ser reelegido con este informe a la medida de los nuevos inquilinos de Ajuria-Enea, otras y otros seguiremos abriendo brechas en esa verdad oficial empeñada en jerarquizar el sufrimiento.