Análisis efectuados a instancias de Zabalgarbi han puesto al descubierto que los terrenos donde se asienta la planta incineradora, en la antigua Mina Primitiva, en el monte Arraitz, están contaminados por metales pesados y cloruros, y los índices de concentración de muchas de estas sustancias son crecientes. Estos datos no hacen sino corroborar las denuncias de colectivos ecologistas y ciudadanos que llevan cerca de dos décadas alertando de lo peligroso que es que una instalación de estas características esté encima del Canal de Ordunte, que abastece al 65% de la población de Bilbo.

La tendencia al alza del grado de contaminación preocupa a los gestores de la incineradora, ya que no se acaba de descubrir la razón del incremento de las tasas de sustancias tóxicas, por ejemplo, en el foso donde se depositan las basuras que van a ser quemadas y en las cercanías del horno. La única realidad constatable es que el entorno de Mina Primitiva es «muy permeable», tal y como se recogió en el estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la planta de Zabalgarbi.

Al margen de la petición de explicaciones por parte de los diferentes grupos políticos al responsable foral de Medio Ambiente en Juntas Generales de Bizkaia, la propia Diputación -que dispone del 20% de las acciones de Zabalgarbi- ha solicitado información a su dirección. A su vez, el Ejecutivo de Lakua -que también forma parte del accionariado con un 10% del Ente Vasco de la Energía (EVE)- ha ordenado realizar catas para tratar de determinar el origen y el alcance de la contaminación, aunque ha descartado paralizar la actividad de la incineradora.

Entre quienes se lo habían reclamado estaba Greenpeace. La organización ecologista, a la vista de los datos de contaminación detectados en los terrenos en los que se encuentra la planta incineradora, pidió al Gobierno de Patxi López que «en coherencia con su responsabilidad de proteger la salud de las personas» establezca un plan de cierre y cambie su modelo de gestión de residuos.

Respecto a la seguridad del Canal de Ordunte, que discurre bajo la planta, el delegado de Salud y Consumo del Consistorio bilbaino, Sabin Anuzita, aseguró hace algo más de una semana que el abastecimiento desde el pantano burgalés «no tiene ninguna anomalía». El edil jeltzale explicó que durante 2009 se han efectuado entre tres y cuatro analíticas a la semana tanto en el canal como en la propia red de distribución y «en ninguna de los casos se han detectado anomalía de ningún tipo».

«En todas las analíticas que se han hecho durante 2009 en el agua no se ha encontrado ninguna anomalía de ningún tipo, ni mercurio, ni arsénico, ni plomo, ni manganeso, ni cadmio, ni hierro, ni niquel, ni nada de nada», insistió Anuzita para trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

En el aire

Si ahora se ha constatado la contaminación de los suelos donde se asienta la incineradora, denuncia repetida por los ecologistas, la calidad del aire no se queda a la zaga. Un informe de 2008, elaborado por Ecologistas en Acción, concluye que en las estaciones de control del aire de Larraskitu y Zorrotza se superan muchas jornadas los valores límites establecidos por una directiva europea.

El contaminante principal son las PM10, pero el NO2 también está presente afectando a más de un 26% de la población. El O2 afecta exclusivamente a los habitantes de Bilbo y Barakaldo, siendo especialmente contaminado el aire que se respira en los barrios de Zorrotza y Larraskitu con superaciones respectivas de 133 y 80 días del valor diario permitido.

Se da la circunstancia de ambos barrios se encuentran especialmente afectados por las emisiones contaminantes que lanza a la atmósfera la planta incineradora de Zabalgarbi, una de las empresas más contaminantes de Euskal Herria y que supera en un 238% los niveles de contaminación permitidos por la Unión Europea.

La planta de Zabalgarbi comenzó su actividad en 2004, pero tres años atrás la izquierda abertzale presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una demanda para que se declarase nula la licencia de actividad otorgada por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbo; los magistrados la desestimaron. En su escrito, los ediles independentistas incidían en que el Plan Especial para la construcción de la incineradora no reflejaba el impacto real que la misma iba a tener en el suelo del lugar y alrededores ni tampoco sobre la conducción de agua potable a la capital.

Además, se cuestionaba que el Gobierno de Gasteiz revocase la declaración de zona de atmósfera contaminada emitida por el Ejecutivo español en 1997. Estimaban que la misma se realizó de una manera «arbitraria», pues «Bilbao sigue siendo zona de atmósfera altamente contaminada» y, por ello, no estaba justificado el permiso para construir un horno incinerador de basuras a escasos dos kilómetros del centro.

En 2001, la izquierda abertzale incidía en su demanda ante el TSJPV en que era especialmente grave donde se pretendía levantar la incineradora «debido a la composición del suelo y la situación del subsuelo». Se argumentó que la infraestructura energética impulsada por la Diputación vizcaina se asentaba sobre unos terrenos que «tienen a escasos metros de profundidad acuíferos, con captaciones y afecciones a ambos lados del monte Arraitz».