Amenaza de deportación sobre cientos de inmigrantes
París pretende el cierre de la «la jungla de Calais»
Organizaciones de apoyo a inmigrantes han alertado de las intenciones del Gobierno francés de desmantelar el campamento de inmigrantes de Calais, conocido popularmente como «la jungla». En él malviven unas 800 personas de muy diversas nacionalidades a la espera de poder cumplir su sueño; llegar a la costa británica. Grupos de derechos humanos afirman que París quiere deportar a la gran mayoría y piden ayuda urgente para detener este «inhumano plan».
GARA | CALAIS
En abril, el ministro de Inmigración francés, Eric Besson, anunció su intención de desmantelar el campamento provisional de inmigrantes y solicitantes de asilo de Calais, al norte del país. Aunque no habló de fechas concretas, dejó caer que podría ser a finales de año. Para mitigar las críticas a esta decisión, presentó un plan que incluía un centro de selección de peticiones de asilo, otro de distribución de comida y de atención sanitaria y un centro de «acogida suplementario para las personas más frágiles, sobre todo, mujeres y niños». Pero la situación de las 800 personas hacinadas en esta «jungla» no ha mejorado lo más mínimo. Ahora, además, se enfrentan a un posible cierre inminente del campamento y a la «deportación masiva», tal y como denuncian organizaciones de apoyo a los inmigrantes.
El martes, la asociación francesa Salam dio la voz de alarma. Citando «fuentes fidedignas», alertó de la puesta en marcha de una importante operación policial para destruir las chabolas que se agolpan en los bosques y dunas de Calais. Hasta allí se han trasladado activistas del Estado francés, Bélgica, los Países Bajos y Alemania para realizar labores de acompañamiento y vigilancia. Al parecer, París planea deportar este mismo viernes a gran parte de estas personas. Para ello utilizaría un vuelo chárter procedente de Inglaterra y con destino a Kabul. De momento sólo hay rumores e informaciones difíciles de contrastar.
«A primeras horas de la mañana del martes, los CRS lanzaron gases lacrimógenos en la `jungla' pastún. Golpearon y sacaron a cinco personas. Lamentablemente, lo ocurrido no es nada nuevo. Hemos visto también cómo la Policía ha interceptado y detenido a migrantes de Eritrea e Irán en las calles de Calais. No sabemos si serán deportados o los tendrán 48 horas detenidos. Nada nuevo, otra vez. Estamos cansados y enfadados por lo que vemos. Tal vez, lo que pretenden con este `ensayo' policial es poner a prueba nuestro límite. Pero lo que están consiguiendo es incrementar el apoyo a los inmigrantes», relató un activista en la página web de Calais Migrant Solidarity.
En una entrevista al periódico «Libération», el subprefecto de Calais, Gérard Gavory, no quiso confirmar ni desmentir el carácter inminente de este cierre. «Lo que es seguro es que para finales de año estará desmantelado. Será una operación compleja por lo que se debe hacer en buenas condiciones. Algunas peticiones de asilo serán aceptadas pero otros, no lo oculto, serán expulsados a la fuerza», resaltó.
En este último grupo situó a los afganos. «Los británicos expulsan al mes a 80 afganos y que yo sepa, Gran Bretaña no es menos democrática que Francia». Cuando el periodista le recordó que «Afganistán está en guerra», Gavory dijo que «el regreso se hará en condiciones seguras» y que serán trasladados a «zonas pacificadas. No conduciremos a nadie a la muerte».
A lo que no hizo referencia es a que la coloquialmente llamada «jungla» se traduce en una madriguera de chabolas construidas con cartón y trozos de plástico en las dunas de arena y zarzales de las afueras de Calais. Otros ocupan edificios en ruinas situados en las cercanías del centro de esta ciudad portuaria.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) acaba de denunciar en un informe las condiciones de insalubridad en la que viven los inmigrantes.
Su procedencia es muy variada: Afganistán, Eritrea, Irán, Irak, Sudán, Somalia e incluso Vietnam. Muchos han necesitado meses para llegar hasta ahí. En su periplo han tenido que cruzar montañas y desiertos. Y, ahora se enfrentan a los escasos 34 kilómetros que separan a Calais de los acantilados de Dover.
El abanico de motivos que les ha llevado hasta este punto es igualmente amplio. Algunos tienen familiares en Gran Bretaña, otros han oído que allí es fácil encontrar un buen trabajo o quieren estudiar. Y otros se han visto forzados a abandonar sus países de origen por motivos políticos, religiosos o étnicos.
«Cada persona es un caso diferente, no se pueden hacer generalidades», indica Marie-Ange Lescure, de Acnur. Desde enero, la agencia de la ONU y la asociación local France Terre d'Asile ofrecen asesoría sobre los procedimientos para solicitar asilo. La semana pasada presentaron a las autoridades francesas una hoja de ruta para resolver la complicada situación jurídica de estas personas.
«Los solicitantes de asilo y demás migrantes corren el riesgo de perderse en una maraña de rumores, de desinformaciones intencionadas y de regulaciones burocráticas que pueden llegar a ser tan desconcertantes e intimidatorias como una jungla real», concluye el informe de Acnur, fechado el día 17.
El Gobierno francés cerró el centro de Sangatte, gestionado por la Cruz Roja, en Calais. Organizaciones no gubernamentales calculan que unos 800 inmigrantes viven en la «jungla» de Calais, y cerca de 1.600 en todo el litoral de la región Norte-Paso de Calais.
La ONU ha llamado la atención sobre la situación de «extrema vulnerabilidad» de los menores de edad, que llegan con sus padres o un familiar e, incluso, por su cuenta. Reclama para ellos «protección especial».
Para evitar su identificación y así su deportación, algunos inmigrantes se han quemado las huellas dactilares. Para ello emplean ácido sulfúrico o clavos al rojo vivo.
Acnur ha denunciado el control que las redes de tráfico de personas ejercen en el campamento de Calais. Hace una semana, un joven fue apuñalado por subirse a un camión sin pagar a estas mafias.
El Ayuntamiento de Atenas y la Policía desalojaron el martes la sede del antiguo Tribunal de Apelaciones, ocupado desde hacía varios meses por 500 inmigrantes. Según la Policía, todos abandonaron el lugar antes de que comenzara el operativo. La Fiscalía había pedido su desalojo alegando «motivos sanitarios». En mayo, varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos del Mundo, denunciaron «la miseria» en la que vivían estos inmigrantes. El edificio carecía de agua y electricidad. Al mismo tiempo, emplazaron a las autoridades a no ejecutar el desalojo sin antes buscar un lugar apropiado para estas personas.
La petición, sin embargo, cayó en saco roto. Nikitas Kanakis, de la delegación griega de Médicos del Mundo, afirmó que hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para alojarlos.
El martes, una decena de ONG y grupos de apoyo a los inmigrantes y refugiados criticaron «los métodos autoritarios del Gobierno para afrontar el problema de las personas sin papeles, que se ven abocadas a la miseria, exclusión e ilegalidad».
El pasado día 12, la Policía desmanteló en la ciudad portuaria de Patras un campamento habitado desde hace doce años por cientos de inmigrantes, principalmente afganos. En la operación participaron un centenar de agentes. Las excavadoras sólo dejaron en pie una mezquita y una carpa utilizada por médicos voluntarios. Aunque cuando llegaron el campamento estaba casi vacío -al parecer habían sido advertidos-, la Policía arrestó a unas cien personas, entre ellas 30 menores de edad.
Amnistía Internacional (AI) condenó la actuación policial, la expulsión de los inmigrantes sin previo aviso y la destrucción del campamento. «23 adultos que pedían asilo fueron llevados a un hotel de Patras, y otros 17 a un centro de Volos, en el centro. 45 niños fueron trasladados a un centro de acogida en Konitsa, al norte. Entre 80 y 100 personas siguen sin refugio en la región», resaltó AI.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados acusó a las autoridades griegas de «enviar las solicitudes de asilo a más de 50 direcciones policiales en el conjunto del país» y de adoptar leyes de asilo cada vez más restrictivas. Criticó la falta de preparación del personal en materia de inmigración, de traductores y asesores jurídicos.
GARA
