Es de agradecer que la Sra. Rafaela Romero (presidenta de las JJGG de Gipuzkoa) se dirija públicamente a ciudadanos guipuzcoanos tras una comparecencia en el Pleno Itinerante que las Juntas Generales de Gipuzkoa celebraron en Zestoa el pasado 2 de julio. Es de reconocer que lea el artículo que se publicó en GARA (2009/7/9), «Berria» y «Noticias de Gipuzkoa» tras la suspensión de dicho pleno, ya que supone un cambio frente a su actitud aquel día en el que, al tomar nosotros la palabra, abandonó su puesto. Suspensión que se produjo, única y exclusivamente, por decisión de los portavoces forales y de la propia presidenta.

Tras estos reconocimientos nos vemos en la obligación, como ciudadanos y ciudadanas legitimados por más de 72.000 personas, de expresarle que a pesar del título de su escrito -«Sobre exclusiones»- no acomete el fondo del asunto que nos llevó a Zestoa ni el motivo de nuestro escrito. Romero sigue empeñada en que la legitimidad la da la legalidad porque sí. No abre ningún resquicio al derecho de los 72.000 electores que votaron a nuestra candidatura. No entra en el fondo del problema irresuelto que afecta a miles de guipuzcoanos y vascos en general. Basa su postura, única y exclusivamente, en la Ley de Partidos con la que su partido, junto al PP, pretenden ilegitimar a un amplio sector de la ciudadanía.

Y eso no debiera ser así. La reflexión debiera ser más profunda. No basta con calificarse de demócrata sino que hay que llevarlo a la práctica. Y, sinceramente, sin ánimo de injuriar, teniendo en cuenta la reiterada falta de respuesta a nuestras alegaciones y escritos, nosotros no hemos visto ninguna señal de respeto hacia esas 72.000 personas por su parte. Autocalificarse demócrata no es suficiente para realmente serlo.

Por ello consideramos que la institución que usted preside no está constituida legítimamente. Lo dijimos en nuestro discurso de Zestoa. En Gipuzkoa hay 12 junteras y junteros que, según la legitimidad dada por los electores guipuzcoanos, no debieran estar en esa institución. Usted califica como injuria una simple constatación numérica, nada baladí: un 23,5% de los representantes elegidos aquel 27 de mayo de 2007 -en la que nuestra candidatura fue la segunda fuerza política- no pueden ocupar el puesto para el que fueron elegidos.

Consecuencia de esa configuración no legítima del parlamento guipuzcoano es la política que está llevando esta institución. Hoy es el día que, favorecidos por la configuración de las JJGG, se están propiciando proyectos que nada tienen que ver con los deseos de la ciudadanía. Se están potenciando proyectos como el Superpuerto de Pasaia, a pesar de los habitantes de Pasaia. Se está a favor de un tratamiento de los residuos urbanos que implica un mayor coste económico y de salud, cuando hay sistemas alternativos. Desde la Diputación se está impidiendo que las mancomunidades y los ayuntamientos se nieguen a aceptar la incineración de los residuos y apostar por otros sistemas, bajo el chantaje del ahogamiento económico.

Esa política de macroproyectos de poco calado social -pero sí económico para sectores como el cementero, el energético o el financiero- es la que viene liderada por Gipuzkoa Aurrera. Ahí vemos a los verdaderos beneficiarios: Adegi, MCC, Kutxa, Cámara de Comercio, es decir, la élite económica y empresarial de Gipuzkoa.

Fruto de esa apuesta económica son las rebajas en otros apartados sociales, departamentos... La situación del transporte colectivo en general y del ferroviario en particular lleva años de retraso y, a pesar de «su preocupación», las partidas presupuestadas son escasas para acometer las obras necesarias, ampliándose el diferencial existente en inversiones para el transporte por carretera y el ferroviario.

Asimismo, la apuesta por la ampliación del aeropuerto de Hondarribia no se basa ni en un estudio de mercado contrastado con otras alternativas ni en el respeto a la seguridad y salud de los vecinos, ni, por supuesto, a los valores ecológicos del entorno.

Del mismo modo, la política que desde Bienestar Social se lleva está basada en la subcontratación de cada vez mayores áreas, lo que permite que cada vez sea peor la calidad de los servicios y no, precisamente, por las personas que lo llevan a cabo sino por las condiciones en las que desempeñan su trabajo.

En su escrito, Sra. Rafaela Romero, considera que en nuestro artículo «se insulta gravemente mediante injurias y calumnias a mi persona». Hemos vuelto a releer nuestro escrito y no encontramos el motivo de tal enfado ya que nos limitamos en un par de ocasiones a mostrar nuestro desacuerdo con usted y, en una ocasión, a constatar que cuando nos hemos dirigido a la institución que usted preside, no se nos ha respondido. ¿Es así, o no?

Dado que en su escrito dice que en su discurso de Zestoa no nos acusó a nosotros de fanatismo, permítanos volver a recordarle el último párrafo del escrito al que usted ha contestado: «Llevamos seis años excluidos de la institución foral, pero no por nuestro fanatismo. No, son las ideas abertzales y de izquierdas las que no encajan en el modelo que tienen diseñado en el Estado español para Euskal Herria. La exclusión ha de acabar y sería conveniente, más pronto que tarde, que se acometa esa tarea».

(*) Además de Javi Vitoria y Lourdes Alkorta firman este artículo Arantza Ruiz de Larrinaga, Iñigo Louvelli y Gabi Isasa.