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La CPT ve «unilateralidad y autoritarismo» en la actuación de Madrid contra la tortura

La fecha tope para aplicar el MNPT llegó ayer con los trabajos sin hacer del Gobierno español, lo que, a juicio del CPT, supone que la «corrupción de los procesos conlleva la corrupción de los resultados».

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La prórroga solicitada por el Estado español para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) finalizó ayer, pero, según denunció la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), el Ministerio de Justicia español «ni siquiera ha desarrollado la legislación correspondiente para ello». Elemento que le ha empujado a afirmar que «el retraso y la imposición son los mimbres» con los que se está elaborando este mecanismo, fruto de la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo.

Esta coordinadora, compuesta por 45 asociaciones del Estado español, advierte además de que lo único que se conoce sobre esta aplicación es que se integrará en la institución del Defensor del Pueblo, tal y como adelantó en junio la número dos del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

Una decisión que se adopta, asimismo, «en contra de los criterios expresados» por diversos representantes, como la propia coordinadora.

Es por ello que demanda que sea un «órgano de nueva creación, siendo independiente de todos los poderes del Estado y con capacidad para fiscalizar la actuación de cualquier institución de custodia y tutela judicial, requisitos que la Defensoría del Pueblo no cumple», precisó.

El método empleado por el Gobierno español para diseñar este mecanismo también ha sido objeto de críticas por parte de la coordinadora, que ha indicado que el grupo de trabajo compuesto para este fin lleva sin reunirse desde diciembre de 2007, a la par que ha denunciado que las propuestas realizadas por los agentes sociales «han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no manipuladas».

En la nota remitida también incide en la próxima designación de tres miembros, por parte del Estado español, en varios organismos que trabajan en la prevención de la tortura, por lo que la coordinadora muestra su temor de que se haga «sin el procedimiento debido».

Ante todo ello, CPT denuncia la «inaceptable unilateralidad y autoritarismo» empleada y apunta que «desacredita la política de derechos humanos, a la vez que confirma la tortura y certifica su impunidad» en el Estado español.

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