Cuando en Euskal Herria se debate la caída de la recaudación fiscal que pone en peligro los presupuestos de instituciones que habían propiciado durante años bajadas de impuestos a grandes fortunas y beneficios empresariales, California, la octava potencia económica mundial, sufre las consecuencias de los obstáculos que hace años puso a cualquier subida de impuestos y que han llevado al «estado de oro» al borde de la bancarrota.

El viernes el Senado de California aprobó el recorte presupuestario de 15.600 millones de dólares con el que se quiere evitar la bancarrota del más poblado de los estados de EEUU, que acumula un déficit de 26.300 millones de dólares (18.600 millones de euros). Ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes. Pero antes de llegar a ese punto, han sido necesarios meses de negociaciones.

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, alcanzó el martes un acuerdo con la oposición, después de que se comprometiera a no autorizar nuevas subidas de impuestos, lo que obligará a un fuerte recorte del gasto público que afectará especialmente al gasto social. De esta forma prevé reducir el déficit en un 90%.

Los problemas fiscales de California se profundizaron este año debido a los efectos de la recesión que afecta al resto de Estados Unidos. Además del aumento de la tasa de desempleo al 11,6% y la proliferación de viviendas hipotecadas en uno de los estados donde mayor dimensión alcanzó la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal cayó a los niveles de 1990.

Tras la revuelta de hace tres décadas contra los impuestos sobre la propiedad, se trata del único Estado de la Unión que requiere mayorías de dos tercios para aprobar sus presupuestos o para incrementar los impuestos, lo que en la práctica bloquea cualquier iniciativa para subir los tributos. El pasado mayo, Schwarzenegger lo intentó con un referéndum en el que la respuesta fue negativa. Así que ha recurrido a la tijera pactando con los líderes del Congreso.

Los próximos presupuestos incluirán recortes en algunos programas de atención sanitaria, educación pública, inversiones en las universidades y financiación de los gobiernos municipales. Finalmente, otra de las medidas que preveía el Gobierno de California -reducir la condena a unos 27.000 presos de las cárceles estatales para sacarlos a la calle- ha sido excluida para poder llegar a un acuerdo con los republicanos que se negaron a aceptarla. La medida permitiría un ahorro de 1.200 millones de dólares en 2010 y podría debatirse en setiembre. Actualmente las cárceles de California albergan a 170.000 prisioneros.

En cambio, los republicanos no han puesto pegas a los recortes en la atención sanitaria para niños -que se queda sin 144 millones de dólares y que obligará a miles de menores a pasar a las listas de espera- y en las ayudas a domicilio para la tercera edad. También se verá un fuerte tijeretazo en los presupuestos para la partida que irá destinada a educación. Se calcula que el recorte en las escuelas, institutos y programas universitarios ascenderá a unos 9.000 millones de dólares. Los profesores han reaccionado recordando que, tras el recorte presupuestario de 2005, Schwarzenegger dijo que no lo haría nunca más.

«En estos presupuesto queda reflejado que el dolor y el sacrificio estarán compartidos», afirmó desde Sacramento, la capital estatal, la presidenta de la Asamblea de Califonia, Karen Bass, en declaraciones al diario «Los Angeles Times». De esta forma quiso justificar recortes como 1.300 millones de dólares del programa de salud para las familias pobres, así como unos 124 millones de dólares del sistema de seguro de salud para más de 900.000 niños de hogares con bajos ingresos. Aunque los legisladores demócratas insisten que los recortes en los gastos públicos volverán a niveles normales cuando mejore la economía de California, los líderes sindicales más escépticos urgieron al Congreso a que rechace este presupuesto.

El dirigente de la Federación de Maestros de California (CFT) dijo que «las prioridades están equivocadas». Se están previendo recortes masivos en todos los niveles educativos sin tocar los impuestos de las grandes corporaciones, criticó Marty Hittelman, presidenta del sindicato.

Pagarés en lugar de dinero

La magnitud de la crisis era tan grande que a principios de julio el Gobierno estatal se vio obligado a emitir títulos de deuda para poder hacer frente a los pagos a sus acreedores e incluso a los propios ciudadanos.

Estos pagarés, conocidos como «IOU-I owe you- Yo te debo» han venido a sustituir al dinero real en los pagos a ciudadanos y empresas. Cuentan con un interés anual del 3,75% y, en teoría, pueden hacerse efectivos el próximo 2 de octubre. California ya ha entregado 72.000 «IOU» que ascienden a un valor total de 109 millones de dólares. Pero grandes entidades como Bank of America ya han advertido que no piensan canjear los «IOUs» a partir de la próxima semana. El Estado ha perdido su crédito.

Además de haber recibido como pago este sucedáneo de dinero, a cerca de 2.000 proveedores de la Administración a la que venden desde ordenadores a papilla de maíz, desde el mes pasado han empezado a pedirles que bajen sus precios un 15% para ayudar a recortar el déficit.

Así, según relata «The Wall Street Journal», la empresa Meridian Food Services recibió un fax del Departamento General de Servicios el pasado miércoles en el que el Estado decía «necesitamos su ayuda», y le invitaba a proponer medidas para recortar su contrato de 15.000 dólares para proveer de papilla de maíz a las prisiones. Los proveedores no dan crédito a lo que leen. «Es un contrato», se escandaliza la dueña, que, a su vez, presionará al fabricante, pero afirma aue no puede recortar más su margen.

Medi-Cal el programa médico para las personas con menos recursos -una versión del Medicaid que financia el Gobierno federal- ya sufrió un recorte del 10% en su presupuesto el año pasado, cuando el agujero negro del presupuesto crecía. Pero la medida se ha encontrado con la oposición de los tribunales, a los que acudieron varios proveedores sanitarios, que han visto cómo un juez en Los Angeles ha fallado a su favor al establecer que el número de médicos que tuvo que dejar de atender a pacientes de Medi-cal fue tan elevado que se ha puesto en riesgo la capacidad de acceder a los cuidados sanitarios, lo que viola la ley federal que cubre los fondos de Medicaid a los estados. California gasta 38.000 millones al año en Medi-cal, su gasto mayor tras la partida dedicada a educación.

Por otro lado, se ha bajado el sueldo de los funcionarios que incluso han dejado de trabajar los viernes como días de trabajo sin salario. Los tribunales del condado de Los Angeles han hecho lo mismo los terceros miércoles de cada mes y el 93% de sus 5.560 empleados han sido obligados a tomar una jornada de permiso sin sueldo. Con ello, pretenden ahorrar 18 millones de dólares, el 3,3% del presupuesto. Sólo 45 de los 588 tribunales abrirán para atender las urgencias de violencia doméstica y crímenes. El presidente de la Corte, Charles McCoy, lo lamentó utilizando el dicho de que «suspender la justicia es denegar la justicia».

La Universidad de California, que ha visto recortados los fondos públicos en 813 millones, ha dado «vacaciones» sin sueldo a 140.000 profesores y administrativos a los que además les recortará el salario.

Además, el transporte público se verá recortado en 700 millones de dólares.

Impuesto sobre la marihuana

No es el Estado el único en aprietos. Numerosas ciudades viven las mismas estrecheces. En Oakland se ha aprobado un impuesto para gravar la venta de marihuana destinada a fines medicinales con el que las autoridades esperan recaudar unos 300.000 dólares al año. La medida fue aprobada por el 80% de los votantes de esta ciudad que se encuentra en las afueras de San Francisco y contempla un impuesto de 18 dólares por cada 1.000 dólares de marihuana que vendan las tiendas para uso médico.

La concejala Rebecca Kaplan, unas de las principales impulsoras de la medida, cree que con el paso del tiempo la subida de impuestos podría generar hasta un millón de dólares para las deterioradas arcas municipales. «Llega en el momento perfecto. Nos enfrentamos a una crisis presupuestaria horrible en la ciudad y andábamos buscando formas de aumentar los ingresos», indicó la concejala. El Ayuntamiento de Los Angeles propuso una medida similar el pasado julio que deberá ser sometida a votación, según explicó Kaplan, quien añadió que ciudades como Berkeley y San Francisco estudian también gravar la venta de marihuana.

«Los Angeles Times» recuerda que el legislador local demócrata Tom Ammiano ya presentó a comienzos de año un proyecto de ley a nivel estatal para legalizar la marihuana para consumo general y gravar con impuestos su venta, con lo que calculaba que podría generar 1.300 millones de dólares de ingresos extra. Incluso el gobenardor Schwarzenegger aceptó la idea de «abrir el debate» sobre el asunto.

El uso del cannabis con fines medicinales es legal en California. Oakland cuenta con cuatro dispensarios legales de marihuana que el año pasado reportaron ganancias de casi 20 millones de dólares.

También en Oakland se prevén recortes en la Policía, con el despido de una quinta parte de los policías. Otras ciudades han hecho lo mismo desde mayo Stockton también en California, ha echado al 10% de sus polícías y Modesto planea hacerlo al 5%. 1.100 polícias han perdido su puesto en Toledo, en Ohio, que echó al 11% de sus policías; en Minessota han cerrado siete comisarías y se espera que lo hagan otras nueve.

Oakland había intentado durante meses evitarlo, pero se enfrenta a un déficit de 83 millones de dólares. Previamente llegó a cerrar el Ayuntamiento un día al mes, redujo en un 10% el presupuesto de sus abogados, y el personal de Alcaldía se recortó en un 20%. Pero no fue suficiente.

Desde la derecha, se aprovecha para poner en cuestión el programa de salud pública que quiere poner en marcha el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmando que va por el mismo camino en el que ha caído California con sus políticas «liberales», en el sentido en que el término se usa en EEUU, como sinónimo de «progresista».