El ex consejero de Sanidad de Lakua, Gabriel Inclán, defendió ayer la «honradez y profesionalidad» de los tres facultativos presuntamente implicados en el llamado «caso Margüello» -el propio José Carlos Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga- y salió al paso de las irregularidades denunciadas hace casi un mes por su sucesor, Rafael Bengoa. En este sentido, Inclán acusó al Departamento de Sanidad de actuar de forma «inquisitorial» en este caso.

Inclán compareció ayer en la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz, donde había sido convocado para hablar de las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de varios servicios en el periodo comprendido entre 1997 y 2008.

Estos hechos fueron denunciados el 1 de julio por Bengoa, que también intervino ayer ante los grupos parlamentarios, a los que anunció que esperará a conocer las conclusiones del informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) para decidir si lleva este caso a la Fiscalía.

«Rumores sin fundamento»

Inclán rechazó que durante su mandato haya existido «una especie de trama de negocios turbios» como, a su jucio, se quiere hacer creer, y sostuvo que las posibles irregularidades son «rumores sin fundamento y juicios de valor». «Ni mi Gobierno, ni mi Departamento, ni nadie de mi equipo ha consentido jamás la más mínima irregularidad, ni grave ni leve», afirmó.

Para el ex consejero, «da la impresión de que se está buscando cualquier indicio para poder manchar la imagen de las personas que con anterioridad habíamos trabajado durante diez años dirigiendo el Departamento de Sanidad». En esta línea, criticó que se ha querido convertir este caso en un «culebrón» que, destacó, ha causado «enormes perjuicios en el honor y reputación de personas honradas com muy difícil reparación». Frente a las acusaciones, aseguró que las contrataciones se hicieron de forma ajustada a la normativa, siguiendo todos los cauces legales, e indicó que el aumento de las tarifas, uno de los elementos que han generado sospechas, se realizaron en un contexto en el que «se sucedieron una serie de optimizaciones del servicio médico». «Puede haber diferentes opiniones respecto a la elección de uno u otro contrato, pero han sido legales», zanjó.

Diametralmente opuesta fue la exposición de Bengoa, que insistió en la existencia de «numerosas irregularidades administrativas» en este caso, cometidas además «siempre a favor de las mismas personas y empresas». Por ello, abogó porque estos hechos, «con respeto a la presunción de inocencia», sean investigados más a fondo por las autoridades competentes.

También aclaró que a su equipo no le constan más casos de este tipo en Osakidetza.