El presidente sudafricano, Jacob Zuma, denunció los episodios violentos de la últimos días. «No puede haber justificación para la violencia y la destrucción de propiedades. Los responsables deben ser detenidos. La gente tiene derecho a manifestarse pero sin perturbar a los demás», subrayó en una comparecencia en Pretoria. Así se refería a las manifestaciones del lunes y el miércoles de empleados municipales, en huelga para exigir un salario más alto. Miles de funcionarios faltaron el miércoles al trabajo para lograr un aumento de un 15%.

La huelga indefinida, convocada por el sindicato de Trabajadores Municipales de Sudáfrica (SAMWU) y el de Trabajadores Municipales Independientes y Aliados (IMATU), fue seguida por los empleados del transporte público, bibliotecarios y basuseros. Ambos sindicatos se reunieron por separado con la patronal, que les propuso un aumento del 11,5% en julio y una subida del 1,5% en enero.

«Queremos el 15%, no menos. Excepto los sueldos, todo va en aumento; la comida, el transporte, la electricidad, la gasolina», subrayó un manifestante.

El malestar también es palpable en los townships, cuyos habitantes se quejan de las condiciones de vida y de la falta de progresos 15 años después del fin del apartheid. El miércoles, por ejemplo, la Policía lanzó gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes en Mashishing, a 250 kilómetros al nordeste de Pretoria.

«Llevan años haciéndonos promesas. ¡Estamos hartos!», exclamó Sipho Duma, un desempleado que desde 1996 vive en un barracón de un solo cuarto y construido con chapas y finos tablones de madera. Duma, que vive con su esposa, comparte el servicio con una veintena de vecinos y tiene luz gracias a una conexión ilegal.

En estos 15 años, el Gobierno ha construido 2,8 millones de casas, pero un millón de familias, la mayoría de raza negra, sigue viviendo en barracones como durante el apartheid.