La pesadilla continua. La Audiencia Nacional española ha decidido seguir adelante con la causa abierta contra «Euskaldunon Egunkaria», a pesar de las peticiones de archivo realizadas tanto por la defensa de los imputados como por la propia Fiscalía. Como consecuencia, cinco ciudadanos vascos vinculados al periódico en euskara cerrado por orden del juez Del Olmo en 2003 se verán obligados a sentarse en el banquillo, acusados de «integración» en ETA. Deberán enfrentarse únicamente a las imputaciones de Dignidad y Justicia y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejercen la acusación popular, puesto que la Fiscalía no presentará cargos. Y no lo hará por una poderosa razón: tras siete años de investigaciones y el análisis exhaustivo de miles de documentos incautados, no se ha encontrado prueba alguna que demuestre una mínima conexión entre la organización armada y el periódico clausurado.

Razón poderosa pero insuficiente, a la luz de la decisión de los magistrados, para que el tribunal especial español entierre un caso que nunca debió abrirse. Un caso que nació en secreto en un oscuro despacho de la Guardia Civil, que creció abonado por las disputas internas en el seno de la Audiencia Nacional, que se hizo mayor con el arbitrario y traumático cierre de «Egunkaria», y que, aunque debió morir de inanición por falta de evidencias probatorias, sigue vivo gracias exclusivamente al impulso político que mueve a la justicia española cuando de Euskal Herria se trata.

Y cuando de Euskal Herria se trata, no existen límites para la democracia española, que en pleno siglo XXI se permite cerrar medios de comunicación con una sola justificación: la sospecha. Lo hicieron con «Egin» y, satisfechos de los resultados, lo repitieron con «Egunkaria». ¿Pruebas fehacientes? ¿evidencias sólidas? apenas estorbos sin importancia, prescindibles ante lo elevado de la misión: callar al disidente, imponer el silencio a quien obvia y aun denuncia el discurso oficial. Y junto al silencio forzoso, el silencio elegido, el de la mayoría de los medios de comunicación que han preferido plegarse, una vez más, al discurso oficial y esconder la injusticia.