El reconocimiento del derecho a la vida aparece en un lugar prioritario en convenios, pactos y tratados internacionales que vinculan a los Estados. La vida se garantiza en términos absolutos. Sin embargo, inmediatamente se relativiza el ejercicio de este derecho. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, tras reconocer el derecho de toda persona a la vida, indica que se podrá obviar «en ejecución de una condena que imponga la pena capital» o cuando la muerte «se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario».

El Estado tiene sus vías de escape, pues, para condicionar la protección del derecho a la vida. También en la cotidianidad surge el dilema: no todas las vidas son iguales y no siempre se ejerce en las mismas condiciones materiales, la vida de unos es mejor y vale más que la de otros. ¿Se puede comparar el valor de la vida de un niño en la Franja de Gaza con la del presidente -o incluso un simple cantante- de los EEUU? Pero además, hay otros principios o valores que se priorizan al derecho a la vida, lo cual la relativizan aún más: si se aumentara la edad para acceder al permiso de conducir a los 25 años, la mortandad en accidentes de conductores jóvenes descendería en un 100%. Sin embargo plantearlo parece una locura porque tenemos interiorizada la prioridad de otros factores, como la libertad de movimiento o el acceso a vehículos de motor. Prevalecen, pues, otros motivos que relativizan el derecho a la vida.

Aquí, las declaraciones institucionales de apoyo a ese conglomerado conocido como «víctimas del terrorismo» se basan precisamente en dotar de valor absoluto a unas vidas, mientras se relativiza, cuando no se deniega absolutamente, el valor de otras. No se puede decir que este posicionamiento sea siquiera recíproco desde el otro «bando», porque no he escuchado a nadie que niegue el sufrimiento humano que las acciones armadas de ETA provocan.

Rodolfo Ares sin embargo no tiene empacho en mostrar «desprecio y rechazo» hacia los familiares de presos, que únicamente reclaman condiciones de vida dignas para los que quieren y quieren vivos. En su cruzada veraniega por retirar de la vista las fotografías de los represaliados por motivos políticos, justificada en la defensa de la dignidad y memoria de algunas víctimas del terrorismo, no busca sino ocultar una interpelación directa a su partido: que respete el derecho a la vida de los presos vascos y derogue un régimen penitenciario que organismos internacionales adjetivan de cruel, inhumano y degradante.

También el PNV entra en liza con el anuncio de que sus alcaldes reorganizarán la iniciativa de la Consejería de interior, no porque la consideran una mala idea, sino porque creen que la manera en que la gestiona el PSOE es una chapuza. Urkullu entra en acción para «abordar la búsqueda de medidas eficaces ante la falta de acción» del Gobierno López. Jokin Bildarratz, presidente de Eudel y alcalde de Tolosa, pueblo con un escalofriante currículum de violencia de Estado, oportunamente relegado por él al olvido, es el palafrenero mayor en esta cabalgata hacia el abismo.

¿Cuándo se desintegró la sensibilidad del PNV por los afectados por la violencia del Estado? ¿No hay familiares de presos, torturados, asesinados por el terrorismo de Estado entre sus simpatizantes? ¿Que valor tienen para ellos esas vidas?

A otro nivel está la reacción de Pérez Rubalcaba. Su capacidad para minimizar la gravedad de los hechos y manipular las responsabilidades en el caso de desaparición forzada de Jon Anza no tiene límites. Jon, oportunamente deshumanizado, cosificado, desprovisto de cualquier rasgo de dignidad humana, no merece ni siquiera la reacción más básica: que se investigue su paradero.

Al estilo del dictador argentino Videla, que justificaba la desaparición de «subversivos», Rubalcaba considera que Jon, en su condición de militante de ETA, no es merecedor del derecho a la vida. Esta actitud, añadida a la tolerancia hacia la cada vez más frecuente irrupción de grupos parapoliciales para secuestrar, torturar y amedrentar a personas relacionadas con la izquierda abertzale ¿no es un acto de humillación o menosprecio hacia el ser humano? Sus declaraciones -o la falta de ellas en otros casos- ¿no suponen una justificación o exculpación de quienes cometen estos actos? ¿La vida aquí es un valor absoluto, como resulta ser la de otros?

Leo al Sr. Iñigo Lamarca en GARA justificándose ante críticas que comparto, vertidas contra su informe. Y es que el Ararteko considera acertado no recoger en su informe casos de víctimas del terrorismo de Estado porque ya se ocupa de ello la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco. Pretende así evitar duplicidad. Hay que recordarle que las víctimas de ETA ya han obtenido reconocimiento, reparación y rehabilitación del órgano administrativo competente para llevar a cabo este cometido: la justicia española, encarnada en la actuación de la Audiencia Nacional.

Otra cosa es que hasta ellos consideren que esta justicia es de una calidad pestilente y visualicen su objetivo último de reprimir ideales más que de dirimir verdades. Simplemente tengo que reprocharle, Sr. Lamarca, que su informe servirá conscientemente para visualizar doblemente una parte del sufrimiento mientras que se esconde por triplicado la existencia de otro: el de miles de ciudadanos cuyos casos nunca serán investigados por esa administración de justicia, jamás incluidos en las declaraciones institucionales y deficientemente atendidos por su oficina. Aboga exclusivamente por quienes «se hallan amenazados de muerte por ETA».

Al no recoger testimonios de quienes se ven ilegítimamente agredidos por el Estado en su integridad física ¿no está, una institución pretendidamente independiente e imparcial, mediadora entre el pueblo y las instituciones, incurriendo en el doble estándar, en la más absoluta arbitrariedad? ¿no relativiza el derecho a la vida? La enumeración en su artículo de las insultantemente escasas líneas de intervención de su oficina en materia de conculcación de derechos por parte de las administraciones públicas no hace sino apuntalar esa sensación.

Más allá de poner deberes a la sociedad y a los ayuntamientos vascos por su presunta tibieza ante las víctimas de ETA, ¿ha alzado usted la voz contra la obsesiva persecución llevada a cabo por Ares? ¿la creciente acción de grupos paramilitares (in)controlados? ¿ha impulsado, más allá de la superficial declaración en su artículo de GARA, medidas concretas para que se «esclarezca la desaparición de Jon Anza»? ¿lo ha reclamado en algún otro medio de comunicación?

El establecimiento de raseros escorados entre las siempre víctimas y los siempre victimarios es una forma más de relativizar el derecho a la vida, que se muestra hoy más que nunca de reconocimiento vacuo. Los últimos hechos vienen a refrendar esta opinión: la muerte de dos miembros de la Guardia Civil y las altisonantes reacciones que han generado se han solapado con el más absoluto silencio y la ocultación de los motivos de la muerte de Remi Ayestaran, representante popular legítimo de Villabona. Los insultos acaparan titulares, restando espacio a la noticia. Se sigue, así, negando una solución en justicia a un conflicto que continúa cobrándose vidas y vidas.