Acostumbrados a calificar casi cualquier hecho o declaración como «histórica», esta semana dirigentes políticos y medios de comunicación han preferido pasar de puntillas sobre un hecho insólito que puede tener más trascendencia de la prevista. Quizá por primera vez en la historia un ministro de Interior español ha dado la razón a la izquierda abertzale. Porque eso es, ni más ni menos, lo que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba al decir que aun en el caso de que la izquierda abertzale dijese que condena la violencia y solicitara su legalización «la respuesta va a ser radicalmente no». Terminó así la cantinela de «lo único que tienen que hacer es condenar», y se confirmó lo sostenido por la izquierda abertzale: que lo realmente ilegal no son unas siglas concretas sino las ideas que defienden -la independencia de Euskal Herria y el socialismo-, y que la resolución del conflicto sólo puede provenir no ya de que esas ideas recuperen la legalidad formal, sino de que su proyecto sea igual de realizable que el del resto de opciones políticas. Con una única condición asumida, que no es otra que la exigencia democrática de lograr el apoyo social suficiente.

La única ocasión parecida puede ser aquella en la que Jaime Mayor Oreja admitió que «ETA no miente». Sólo que para entonces Mayor Oreja ya no ostentaba ese cargo y sus palabras formaban parte de un ataque contra el PSOE, lo cual quitó peso a las mismas. No obstante, la gran diferencia estriba en que las declaraciones del ministro son en calidad de portavoz del Gobierno español, que no ha desmentido sus palabras. Todo lo contrario. Rodolfo Ares, escudero de Rubalcaba en tierras vascas y dentro de su partido, confirmaba lo dicho por su superior.

El único que parece haber visto la gravedad de la declaración de Rubalcaba -además de los propios aludidos- ha sido Patxi Zabaleta, que precisamente suele ser utilizado como arma arrojadiza por el Estado y por el resto de partidos contra la izquierda abertzale. La explicitación de lo evidente por parte del ministro español desnuda muchos discursos que, disfrazados de falsa inocencia y buenismo, han intentado culpar a la izquierda abertzale de la falta de libertades que padece Euskal Herria.

Condenar puede suponer mentir

Es cierto, en todo caso, que la mera condena de la violencia, por utilizar la terminología al uso, no implica un convencimiento real de lo repudiado. El propio Rubalcaba puede dar fe de ello, al pertenecer a un partido que durante años condenó la actividad de los GAL mientras sus camaradas, colegas y subalternos llevaban a cabo la guerra sucia con fondos provistos por el Gobierno del que él formó parte. La condena judicial, siquiera testimonial, contra una parte de los culpables de la muerte de 23 vascos tampoco evitó que el PSOE les apoyase, hasta el punto de acompañarlos a las puertas de la cárcel en Guadalajara.

Lo mismo se puede decir del PP respecto al franquismo. Sólo que, además, en este caso los conservadores españoles evitan a toda costa hacer pública esa condena. En algunos caso, como en el del siempre sincero Mayor Oreja, incluso no tienen empacho en ensalzar la dictadura.

Dicho lo cual, habrá quien conteste que los GAL, el franquismo y ETA no son lo mismo. Es cierto. Pero, ¿por qué deberían ser distintos en el sentido que ellos creen y no en el sentido que considera la izquierda abertzale? ¿Por qué ellos pueden defender su «verdad», su visión de la historia, y el resto es perseguido por decir lo que piensa, o incluso por pensar como piensa? La posición de los distintos agentes respecto a las violencias no depende de una moral abstracta, sino de unos objetivos políticos concretos. Otra cuestión es cuál de esas violencias es moral o inmoral y bajo qué condiciones, o si esas violencias pueden ayudar en esos objetivos. Pero en el Estado español eso no puede ser libremente debatido.

También habrá quien, llegados a este punto, considerará que su partido no ha estado implicado en casos de violencia política, que está libre de polvo y paja, y que sólo ha ejercido la legítima violencia otorgada por las instituciones democráticas. Muchos en EA o en el PNV pensarán así. Sin embargo, a menos que consideren que la descripción hecha hasta ahora es falsa, que la realidad mostrada sin tapujos por Rubalcaba no es tal, deberán aceptar que este escenario dista mucho de ser democrático y que ellos han obrado como si lo fuese. En ese caso, se ha ejercido la violencia en nombre de la ley, pero no en favor de la justicia o de la democracia.

Lo mismo, o más, se puede decir sobre la situación en la que se halla actualmente el conflicto vasco. La dinámica de prohibiciones de manifestaciones, por ejemplo, fue abierta por el PNV. Del mismo modo, quienes no asuman su responsabilidad en la violencia deberían aceptar su responsabilidad en no buscar suficientemente una solución en parámetros de justicia, democracia y libertad. El vertigo mostrado en Loiola por los dirigentes jelkides es buena muestra de ello.

Por todo ello es momento de compromisos para todos, no de exigencias al prójimo; es tiempo de autocrítica, no de autocomplacencia. No es tiempo de condenas morales estériles, sean verdaderas o falsas. Es tiempo de apuestas políticas a medio y largo plazo.