Resulta curiosa, desesperante tal vez, la facilidad con que los políticos españoles enmascaran los problemas con la careta de las palabras. Pasan por alto los hechos y se enzarzan en la maraña de los diccionarios empleados a modo de cortina de humo.

En esta ocasión la trifulca viene de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba, edecán, ayuda de cámara en su día de Felipe el de los GAL. Según el flamante ministro de la Gobernación (ya va siendo hora de llamar a a cada cosa por su nombre y a la Audiencia Nacional, Tribunal de Orden Público, como le corresponde), la izquierda abertzale prepara una «farsa» -otro término para la comedia-, algo parecido a un subterfugio, una trampa saducea, para que sin condenar a ETA, parezca que lo hace.

Pérez Rubalcaba ya ha elegido los términos para que reine el barullo: «condena» y «farsa». Ahora empieza el vodevil.

Así resulta que si quien «condene» la acción de ETA no ofrece garantías al jurado que designe el ministro de la botella de anís (contemplen la etiqueta de un clásico anisado, español por supuesto, y entenderán lo anterior), la tal condena no pasará la prueba del algodón de la democracia corrupta del GAL y los desaparecidos.

[Si se permite aquí una disgresión, corran a leer en las hemerotecas las rotundas condenas del GAL que hacía uno de sus propios dirigentes, en aquel entonces plenipotenciario líder del PSE-PSOE, Ricardo García Damborenea].

Pierden así el tiempo Pérez Rubalcaba y sus compañeros de enredo.

Pero lo que se juega la sociedad vasca -también la española- es algo mucho más importante que el trabalenguas de las condenas. Está a la vista de todo el mundo. Pregunten por ahí.

No es tiempo de zarandajas. ¿Está dispuesto el Gobierno español a reconocer los derechos básicos del pueblo vasco reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas? Todo es tan sencillo como eso.

Y no vale contestar con la coletilla de Espartero: «...sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía». Esa lección ya la aprendimos en Bergara hace doscientos y pico años.