El segundo detenido en Donostia, libre con fianza y acusado de tres delitos
El atestado realizado por la Ertzaintza tras cargar contra miles de ciudadanos que pretendían manifestarse en Donostia ha llevado a Kepa Ordoñez, uno de los dos detenidos, a verse acusado de delitos como «enaltecimiento del terrorismo», «atentado contra la autoridad» y «participación en manifestación ilegal». Él ha negado todas las acusaciones y su defensa denuncia que es «la palabra de Ordoñez contra el atestado de la Policía autonómica».
Oihana LLORENTE |
El vecino de Donostia Kepa Ordoñez, arrestado el pasado sábado por la Ertzaintza cuando sostenía un cartel en denuncia de la situación de excepción que vive el país en el Boulevard de la capital guipuzcoana, fue trasladado ayer por la Policía autonómica hasta la Audiencia Nacional española. Tras pasar ante el juez, recobró su libertad bajo fianza de 6.000 euros y tras comparecer ante el magistrado español Baltasar Garzón.
El juez dictó la puesta en libertad a instancias de la Fiscalía y tras tomar declaración a Ordoñez, que basándose únicamente en las diligencias abiertas por la Ertzaintza tras disolver la manifestación convocada en favor del derecho a la autodeterminación lo ha acusado de «enaltecimiento del terrorismo», «atentado contra la autoridad» y «participar en una manifestación ilegal».
La letrada de Ordoñez denunció a GARA que la decisión se basa «en el atestado de la Ertzaintza contra la palabra del detenido». Y es que mientras que la versión de la Ertzaintza y el auto dictado después por Garzón acusa a este hombre de «proferir gritos en favor de ETA e insultos contra agentes de la Ertzaintza y de golpear a estos en el momento de la detención», el donostiarra negó todas y cada una de las acusaciones en el tribunal especial.
Es más, Ordoñez detalló a este diario como fue el momento de su arresto y apuntó que fue él quien sufrió «un porrazo en una pierna y un puñetazo en la cara» por parte de agentes de la Ertzaintza.
Su detención, además, fue recogida en imágenes por la mayoría de las cadenas y ahí se aprecia que, como él sostiene, no se movió del Boulevard. En el momento del arresto se encontraba concretamente en un lateral de la avenida, entre el consistorio y la calle Mayor.
Según recuerda Ordoñez, él, como muchos hombres y mujeres que rondaban su edad- tiene 54 años-, estuvieron en todo momento en la misma Avenida del Boulevard portando carteles que rezaban «Salbuespen egoerari stop. Euskal Herriak autodeterminazioa».
«Entre carga y carga la Ertzaintza se nos acercaba, nos daba con la porra y rompía algún que otro cartel, pero nosotros cogíamos otro y seguíamos así», detalló a GARA
Sin embargo, recuerda que en un momento los agentes de la Policía autonómica comenzaron a cargar contra este grupo de hombres y mujeres, y tras intentar alejarse de las cargas y tropezar con una bicicleta que se encontraba candada a un árbol, fue arrestado.
«Caí al suelo y en ese momento se me echaron tres o cuatro ertzainas encima. Después me llevaron a la furgoneta, tras darme un porrazo en una pierna y un puñetazo en la cara. Y de ahí a la comisaría que tienen en el Antiguo, hasta que hoy-por ayer-, a las cinco de la mañana, me han trasladado hacia Madrid», explicó a GARA.
Contenido del cartel
La abogada apuntó que Garzón, quien dictara un auto horas antes de la marcha prohibiendola al igual lo había hecho el Departamento de Interior de Lakua, estuvo «erre que erre» preguntando sobre el contenido del cartel que portaba Ordoñez, algo que tanto la letrada como el propio detenido le detallaron, precisando que no existía nada ilegal en el mensaje. El texto denunciaba la situación de excepción y reclamaba el derecho de autodeterminación.
El segundo detenido el sábado en la capital guipuzcoana tras las duras cargas policiales, otro vecino de Donostia de 51 años de nacionalidad alemana, quedó libre en la misma noche del sábado imputado por «participar en una manifestación ilegal».
Garzón ha dado un plazo de cinco días para que Ordoñez abone la fianza de 6.000 euros. Además de ello, deberá comparecer en el juzgado cada quince días y no podrá abandonar el Estado español.