En la polémica central de Garoña, un transformador que mide la tensión de salida sufrió ayer un «conato» de incendio que fue sofocado «inmediatamente». Según aclaró la empresa que gestiona el central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, el incendio no alteró las actividades de la planta. Mientras, miembros de Greenpeace consideraron que «el incidente se une a otros que muestran la falta de seguridad».

El suceso se produjo pasadas las doce del mediodía en uno de los transformadores que miden la tensión de salida de una de las líneas de 400 Kv, que envían la electricidad producida por la central nuclear a la red eléctrica. A pesar de este incidente, Garoña, cuyo uso acaba de ser prorrogado hasta 2012, siguió operando al cien por cien de su potencia.

Según Nuclenor, «esta anomalía no ha supuesto ninguna variación en el desarrollo de las actividades de la planta, ya que se trata de una zona convencional alejada de los edificios de generación eléctrica». Por su parte, Greenpeace afirmó que «el transformador incendiado estaba ubicado dentro del recinto de la central, aunque fuera del edificio».

Por su parte, desde el Consejo de Seguridad Nuclear afirmaron que estuvieron informados de lo ocurrido en todo momento, y matizaron que el incidente «ni repercute ni ha repercutido en la seguridad de la central». Además, matizaron que «el incendio no ha durado más de diez minutos». Según los ecologistas, el fuego creó una columna de humo detectada por algunos vecinos. Lo mismo ocurrió el pasado 1 de abril, cuando la central de Garoña procedía a arrancar tras la parada de recarga de marzo. Entonces, según relatan, desde Greenpeace se produjo otra explosión y un incendio en un transformador eléctrico.

Además, agregan que «este suceso se mantuvo en secreto por parte de Nuclenor y se conoció porque Greenpeace y Ecologistas en Acción informaron públicamente de ello unos días más tarde, gracias a las denuncias que les hicieron llegar a los habitantes de la zona».

Así, los grupos Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian la «inviabilidad de la decisión de prolongar la vida útil de esta instalación por parte del Gobierno».