El pasado primero de agosto, el rotativo mexicano «El Universal» afirmaba que se había registrado «un recrudecimiento de la violencia durante los últimos 44 días», dejando como resultado «un promedio de 22 muertes por día» en México. Ésos son los frutos que, a día de hoy, ha cosechado la guerra contra el tráfico de drogas que emprendió el Gobierno Federal a partir del año 2006.

En lo que va de año, son ya 4.182 personas las que han fallecido como consecuencia de los distintos enfrentamientos que tienen como causa asuntos relacionado con el narcotráfico. Esta cifra representa, según «El Universal», un incremento superior al 65% respecto al mismo periodo de 2008. Según aseguró la misma fuente, los estados más violentos del país serían el de Chihuahua (que suma más de 1.600 ejecuciones), en el norte del país; seguido a bastante distancia por los de Durango y Sinaloa, noroeste, con una cifra superior a los 400 decesos en ambos territorios; el de Michoacán, en el oeste, llegaba casi al medio millar, y el de Guerrero, en el sur, con más de 200.

De este modo, el monto de personas que han perdido la vida desde la declaración de guerra por parte del Gobierno Federal en el año 2006 supera ya las 13.000.

Además del número de fallecidos, el otro índice que se ha elevado considerablemente en las últimas semanas es el de personas detenidas. De esa lista cabría destacar varios dirigentes del cártel conocido como La Familia, que opera mayormente en los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Uno de los arrestos más laureados por los medios de comunicación mexicanos fue el de Miguel Ángel Beraza Villa, La Troca, que fue detenido junto con otras 32 personas y a quien las autoridades identificaron como «el principal abastecedor de droga sintética en los Estados Unidos». Además, ayer mismo se conoció la detención de Dimas Díaz Ramos -integrante del cártel del Pacífico), a quien acusan de planear un atentado contra Felipe Calderón.

La Familia, que hizo su aparición en 2006, declaró la guerra a la Policía Federal a mediados de julio reivindicando la ejecución de dieciséis de sus agentes, doce de los cuales aparecieron apilados en la cuneta de una carretera. La réplica del Ejecutivo mexicano no se hizo esperar y desplegó 5.000 policías y militares a lo largo y ancho de la región para combatir a esa organización.

Este cártel es considerado uno de los más violentos de los que actualmente operan en el país. No es, sin embargo, el único. Según la Procuraduría General de la República (PGR), también se encuentran activos el cártel de Juárez, que actúa principalmente en el Estado de Chihuahua; el de Tijuana, cuya área de operaciones está situada al norte de la Baja California; el del Golfo, dominante en los estados norteños de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, además de la península de Yucatán (conformada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo); y el de Sinaloa, que controla la costa oeste y el sureste del país.

Tras los últimos acontecimientos, «el narco» ha salido debilitado y ha acusado los golpes policiales y militares. Eso es, al menos, lo que La Troca admitió en un vídeo difundido por la Secretaría de Seguridad Pública. En la grabación, Beraza apuntaba que, con la ofensiva policial, «no se puede trabajar mucho». No es para menos, ya que Calderón ha desplegado más de 35.000 unidades, entre Policía y Ejército, para librar su guerra contra el tráfico de drogas.

A pesar de ello, todo apunta a que el conflicto no se solucionará tan fácilmente, ya que el Ejército es incapaz de recuperar el control de algunas zonas. Prueba de ello son las declaraciones realizadas por el recientemente detenido miembro de La Familia José Alberto López Barrón. El Gordo, como se le conoce, aseguró que el cártel coloca retenes en diversos poblados de Michoacán para controlar y autorizar quién entra y quién no. Otro botón de muestra es Ciudad Juárez (Chihuahua), donde los niveles de violencia e impunidad registrados han llevado a la Comisión Estatal de DDHH a promover que cada habitante de dicha localidad tenga un arma reglamentaria para defenderse.

Además, día a día se le acumulan al Gobierno multitud de críticas que cuestionan el respeto que los militares deben profesar a los derechos humanos (desde 2006 se han recibido más de 2.200 denuncias, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), acusándoles de cometer abuso de autoridad y graves violaciones a las garantías (entre ellas desapariciones forzadas, asesinatos y torturas) y solicitando que rindan cuentas ante tribunales civiles y no militares. Entre los denunciantes se encuentran organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como varios legisladores estadounidenses.

Estas denuncias solicitaban, asimismo, la congelación del 15% de las ayudas que se contemplaban en la Iniciativa Mérida firmada entre México y EEUU en 2008. En dicho plan se contempla que el Gobierno de Washington desembolse en los dos primeros años 700 millones de dólares en capacitación y equipo militar. Pero también se establecía que el 15% de esos fondos puede ser retenido si el Ejecutivo mexicano incumple el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades se niegan a admitir que la estrategia sea fallida. En palabras de la secretaria de Relaciones Internacionales, Patricia Espinosa, «el Ejército actúa correctamente», aunque añade que «el Gobierno reconoce que, ocasionalmente y de manera aislada, se presentan situaciones que pueden catalogarse como abuso de autoridad». Por el momento, el Gobierno mexicano no prevé, en contra de las recomendaciones de mejora de expertos y un líder del Senado estadounidense, realizar cambios en su estrategia contra los narcotraficantes.

La solución debería comenzar por la depuración de las corruptas instituciones. Según datos aportados por los órganos mexicanos de inteligencia, «el narco» controla al 62% de los policías, el 60% de los centros penitenciarios municipales y el 63% de los gobiernos municipales. Los mayores estamentos de estas instituciones pueden llegar a percibir sueldos de hasta 70.000 pesos (unos 3.500 euros) al mes.

Por otro lado, la ineficacia policial también se convierte en una carga a la hora de emprender una lucha real hacia una solución del problema. Los exámenes que la inteligencia realiza desde 2006 a las unidades policiales (se examinó a 100.000 de los 450.000 agentes) señalan que un 70% de ellos no está capacitado para realizar un trabajo de defensa, vigilancia, inspección o incluso para efectuar detenciones.

Todos estos datos apuntan que hay una serie de problemas de fondo y que, de no solucionarlos, empeoran lo que muchos analistas denominan ya como «guerra mediática«, en la que Calderón no sabría estar a la altura. Y mucho menos tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de julio.