Lizartza es seguramente el punto del mapa que mejor refleja la dimensión del apartheid político en Euskal Herria. Desde que la Ley de Partidos fijó por decreto la exclusión de gran parte de la población vasca, los últimos seis años han estado caracterizados por una absoluta anormalidad. Hace dos años, de hecho, el PP se hizo con todo el Ayuntamiento pese a obtener sólo 27 votos en la localidad. Y antes, el jeltzale Joseba Egibar intentó cumplir con el mandato de su partido en una legislatura en la que la Ertzaintza impuso cuantiosas multas a los vecinos. Tras la irrupción del PP, con Regina Otaola a la cabeza, las represalias y amenazas ya han sido continuas. Ahora llega un nuevo salto: una vecina de la localidad de 61 años está a punto de ingresar en prisión para cumplir una condena de cuatro años, impuesta por protestar ante la Corporación ilegítima del PP.

En los comicios municipales de 2007, la izquierda abertzale obtuvo en Lizartza 186 sufragios, revalidando su victoria tradicional en un feudo histórico. Pero como los tribunales españoles ilegalizaron su lista, el PP, única fuerza que concurría con aval oficial, se apoderó de la Alcaldía con sólo 27 votos.

Tras la toma de posesión en junio de 2007, en escasos meses fueron decenas los vecinos represaliados. El caso de Peio Olano trascendió públicamente cuando fue imputado por la Audiencia Nacional española, acusado de proferir amenazas contra Regina Otaola. Olano ha sido condenado hace unos meses a dos años de prisión.

Poco después de los hechos por los que ha sido castigado, llegó el día grande de las fiestas de Lizartza. El 6 de setiembre, tras las misa a la que acudieron los ediles del PP -denunciaron incluso al párroco por pedir a los escoltas que no accedieran armados a la iglesia-, una nueva protesta con ikurriñas respondía a la ocupación del PP del consistorio.

De «agresión» a «intento»

Días después, Agirrebarrena fue acusada de agredir a una edil del PP. La acusación se rebajó, tal y como se apreció en el juicio y quedó confirmado en la sentencia, a un supuesto «intento». El fallo judicial estableció como probado que esta vecina blandió una ikurriña al paso de los concejales ilegítimos, sin que se produjera golpe alguno. Con este relato de hechos, se ha impuesto a Kontsuelo Agirrebarrena una condena de cuatro años de cárcel, además de una multa añadida de 1.800 euros.

El Tribunal Supremo español confirmó en julio la condena dictada antes por la Audiencia Nacional. Sostiene textualmente que debe aplicársele el tipo de «atentado contra la autoridad», pese a no haberse producido agresión alguna, porque «el que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene, por lo tanto, el propósito de atentar contra la misma».

«La acción imputada a la acusada sólo se explica por el clarísimo significado político que tuvo aquella expresión violenta de rechazo», añade el fallo.

Desde su acceso a la Alcaldía, Regina Otaola aumentó rápidamente la crispación en Lizartza. Entre otras acciones, colocó la bandera española en el mástil consistorial, retiró las fotografías de los presos, ocupó policialmente cada semana la localidad y ha llevado a los juzgados a muchos vecinos que han tenido que abonar cuantiosas multas económicas.

Pero pese a todo, los lizartzarras siguen protestando cada semana contra la violación de la voluntad popular. Y de alguna manera siguen gobernando el municipio a través de fórmulas de desobediencia. Por ejemplo, Regina Otaola ha desistido de organizar las fiestas patronales de setiembre, así como actividades como ludotecas, entre otras, debido al más que extendido boicot que reciben todas sus iniciativas.

Dentro de escasas semanas se cumplirán dos años de aquel suceso, y el PP volverá a comprobar que en Lizartza no gobiernan a nadie y para nadie.