La ministra de Justicia francesa ha recalentado un plan de su antecesora, Rachida Dati, para tratar de dar respuesta a otro revés estadístico, el que coloca a Francia en puestos de liderazgo en cuanto a la cifra de suicidios en las cárceles.

Michèle Alliot-Marie propone medidas que se centran en restar oportunidades de «éxito» a la persona que se ve empujada al suicidio, sin trabajar sobre los factores que se esconden tras unos datos que reflejan el fracaso de la institución penitenciaria y desnudan las consecuencias de la «política social» de su Gobierno.

El informe del doctor Louis Albrand, quien por cierto combate contra su manipulación por el Ministerio de Justicia, hace un análisis sin concesiones sobre las causas y las acciones a adoptar para detener la escalada de «muertes voluntarias».

En 2008 fallecieron «oficialmente» 115 presos por este motivo. Sin embargo, una lectura exhaustiva del informe permite saber que las autoridades penitenciarias contabilizaron en ese periodo otras 1.696 tentativas de suicidio. El pack que propone Alliot-Marie es, por tanto, un mero reclamo con el que entretener a la opinión pública sin cuestionar, pongamos, la política de endurecimiento de penas que forma parte del «todo incluido» de Sarkozy en materia de seguridad.

Albrand no comparte la pretensión de abordar el suicidio en prisión sin aludir a un contexto más amplio. En su informe preconiza formación y prevención; libertad para las asociaciones que trabajan con las personas detenidas; refuerzo familiar y social; penas mitigadas; transparencia informativa y compromiso ético de los medios de comunicación para cumplir cabalmente con la «función esencial» que les atribuye la OMS a la hora de «atraer la atención» sobre la realidad de la prisión.

«Un plan de acción personalizado permitiría proponer una intervención capaz de mitigar parcialmente el sufrimiento», escribe Albrand en una de las 400 páginas largas de su informe. Y esa simple receta de inyectar cierta dosis de humanidad a la prisión le coloca en las antípodas de un Gobierno cuya prioridad es demostrar su capacidad de saciar la sed de venganza que él mismo alimenta en la sociedad.