Joseba VIVANCO

A lo mejor dentro de seis meses me vuelves a llamar y un contestador te responde que hemos cerrado», comenta irónico Iñigo Montenegro, presidente de la Federación de Autoescuelas de Euskadi, un sector que no lo está pasando nada bien con la crisis económica y al que el Gobierno del PSOE parece querer darle otra vuelta de tuerca. O, al menos, eso es lo que desde hace unos días viene denunciando el sector. La razón, un proyecto de ley con un raro nombre, Ómnibus, que persigue flexibilizar los requisitos para impartir la enseñanza teórica del carné de conducir. Y sí, de aprobarse, las clases se podrían impartir en una peluquería y hasta darlas la peluquera.

Todo tiene su origen en una directiva comunitaria de 2006, que el Gobierno de Madrid quiere aplicar ahora. «Se trata de una directiva de servicios que pretende generar competencia entre empresas y eliminar trabas en su instalación, como les ocurre a las farmacias. Y a las autoescuelas también nos afecta», explica Montenegro. ¿Cómo? «Pues como si para llevar un taxi no hiciera falta licencia y cualquiera pudiera trabajar con su coche llevando gente», ilustra.

El sector lleva con esta nueva espada de Damocles cuatro meses, pero es ahora, a partir de setiembre, cuando quiere endurecer su respuesta. La previsión que maneja el Ejecutivo es aprobar este proyecto para noviembre de este año. «Hemos hablado con los grupos parlamentarios, pero claro, prometer estando en la oposición es fácil. Ya veremos luego qué vota cada cual», no se muestra muy convencido del resultado.

Lo tramita Economía, no Tráfico

El principal cambio que rechazan las autoescuelas es que las clases teóricas las pueda impartir un no profesional. Es decir, el proyecto de ley pretende separar la formación teórica de la práctica, de manera que «hasta ahora, para ejercer la actividad hacía falta someterse a un reglamento; si se aprueba la nueva ley, no será necesario, con lo que se hará sin ningún control. Una academia cualquiera podría dar clases teóricas de conducción», detalla el presidente de las autoescuelas de la CAV. «Eso sí -matiza-, pagando su correspondiente licencia, porque Hacienda no perdona a nadie».

Y es que el sector observa en estas modificaciones un interés marcadamente recaudatorio. Su argumento es que es el Ministerio de Economía y no la Dirección General de Tráfico el que está tramitando el proyecto. «Afirman que con este reglamento nuevo se genera competencia, pero hablamos de un sector que tiene nueve mil autoescuelas en el Estado y 350 en Euskadi, lo que ya es bastante competencia», reprocha Montenegro. Incluso la propia DGT observa cierto intervencionismo en lo que se presenta como una liberación del sector.

Este director de autoescuela se remite, igualmente, a la experiencia en Bélgica, donde ya el 45% de las personas van al examen teórico sin pasar por una autoescuela, pero donde se suspende una media de diez veces la teórica. Y eso se traduce en dinero y tasas a pagar, de las que se beneficia el Estado. «Puede que ésta sea una medida recaudatoria de la Aministración. Hay unos 600.000 alumnos que se examinan cada año», aseguraba estos días el presidente de la patronal estatal del sector, José Miguel Báez.

«Aquí, hace más de dos años que la gente no pasa de suspender una o dos veces el teórico. Como vemos, si la ley sale adelante sería un paso atrás en la formación», explica por su parte Iñigo Montenegro.

Motivos por los que a los profesionales del sector les extraña este interés del Ejecutivo por «empeorar» la calidad de la formación de los futuros conductores, precisamente cuando los cursos formativos para infractores y el carnet por puntos están siendo un éxito. «No es muy lógico», dice.