El sindicato LAB calificó ayer de «tocomocho foral» la Oferta Pública de Empleo (OPE) lanzada por el Gobierno de Nafarroa, tras recordar que la tasa de eventualidad en esa Administración es muy superior a la de la empresa privada.

Según cifras aportadas por la central abertzale, la eventualidad entre el personal a cargo del Ejecutivo navarro se situó el año pasado en el 36,5%, mientras que en el ámbito privado fue de un 25,5% y esas cifras, según resaltó, se traducen en «efectos negativos notorios». De hecho, LAB destacó que la rotación continua y la desmotivación son algunos de los problemas que acusa el personal, así como las dificultades para adquirir experiencia profesional ante la falta de estabilidad.

A juicio de LAB, esta política aporta «algunas ventajas» al Ejecutivo que preside Miguel Sanz, «como el abono de sueldos inferiores (por ausencia de complementos), mayor docilidad del personal contratado y fomento de la privatización».

El sindicato desmontó, asimismo, la argumentación expresada por el consejero Javier Caballero cuando anunció «a abombo y platillo» que la OPE para 2009-2010 reduciría la eventualidad. Según explicó, las 1.189 plazas anunciadas se reducen en la práctica a 189 si se restan las alrededor de mil jubilaciones, renuncias y defunciones que se se producirán a lo largo de esos dos años.

LAB señaló que Caballero «trampeó también al incluir en sus cálculos las plazas de OPEs anteriores aún no cubiertas, puesto que éstas ya fueron contabilizadas en su día como creación de empleo y no es de recibo sumar dos veces como empleo lo que no es sino un claro incumplimiento de una OPE aprobada pero no materializada».

La central denunció, por otra parte, que no todas las plazas convocadas llegan a ser cubiertas y citó como ejemplo las convocatorias de Técnicos de Administración Pública, (jurídica y económica), Técnicos y Gestores de Hacienda y Oficiales Informáticos, ya que de un total de 140 plazas ofertadas, sólo 52 han sido cubiertas, lo que supone poco más de un tercio de las mismas, según precisó.

LAB rechazó, asimismo, que se aluda a falta de preparación de los aspirantes, cuando con los excluidos «se elaboran las listas para cubrir las plazas no cubiertas en la OPE». Valoró que este sistema sirve para «satisfacer el super ego de los miembros del tribunal» y para que «academias particulares, propiedad en algún caso de algún alto funcionario de la Administración, se forren preparando a esos cientos de personas a las que luego se suspenderá».